La concesionaria de la AP-9 se enfrenta a una condena millonaria por haber cobrado el peaje íntegro a los usuarios durante los tres años que duraron las obras de ampliación del puente de Rande. Durante las dos jornadas del juicio celebrado en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra, la declaración de los testigos y los informes presentados han puesto contra las cuerdas a Audasa, a pesar de contar con el apoyo de última hora de la Abogacía del Estado.
202 RETENCIONES REGISTRADAS. La demanda de la Fiscalía que ha sido ratificada en el juicio y a cuya tesis se han adherido el resto de partes personadas en defensa de los usuarios, parte de un informe de Tráfico en el que se registran 202 retenciones a lo largo de los casi tres años que duraron las obras, desde 2015 a 2018. A pesar de que los testigos propuestos por Audasa, como el director del centro de Gestión de la DGT, un perito de parte y el jefe de carreteras aseguraron que esa cifra era menor ya que varios atascos correspondían a las mismas incidencias, sí admitieron que existieron al menos unas 82 en ese periodo. Ninguno de los funcionarios y técnicos de Audasa admitieron una afectación especial del tráfico en ese periodo excepto hechos puntuales, algo que fue desmentido por los agentes de la Guardia Civil que, según contaron, tuvieron que intervenir en el puente cada mañana por los atascos. Fueron tres los agentes, que durante las obras hicieron varias vigilancias en el puente, quienes ante el tribunal coincidieron en que había “retenciones y atascos importantes” en las mañanas de lunes a viernes y sobre todo cuando llovía. Su relato se contrapuso con la “fluidez” en términos generales apuntada por los funcionarios. Uno de ellos testificó que incluso en algún momento “puntual” la autopista estuvo tan colapsada que tuvieron que cortar el acceso a la misma “porque ya no entraban más coches”.
RETRASOS DE 6 A 17 MINUTOS. Los propios artículos recogidos en prensa, con imágenes, de las incidencias en Rande entre 2015 y 2018 fueron puestos en duda en algún momento del interrogatorio pero al mismo tiempo, el funcionario de Fomento aseguró que llegaron a hacer mediciones en un tramo de la autopista desde Puxeiros hasta la salida del puente, por “la repercusión mediática”. Dicha repercusión, fue desvinculada sorprendentemente de las quejas de los usuarios, de las que dijo no tener constancia. En las mediciones realizadas se fijaron como seis minutos máximo de demora, si bien hay registros de hasta 17, algo que se circunscribió a un incidente puntual (la avería de un vehículo en el interior del túnel), al igual que las otras trece incidencias graves, relacionadas con accidentes y similares. No obstante, los técnicos se vieron forzados, ante las preguntas de las partes, a responder que un accidente o avería cuando la autopista está sin obras afectaría como mucho al carril donde se produjo, pero no al resto de la vía.
El argumento de que la mayor afectación fue durante la noche, con menos afluencia de vehículos, fue refutado por la propia Guardia Civil y los informes de Tráfico con la lista de incidencias. El perito de Audasa señaló que durante esos casis tres años se registraron 106 horas anuales de demora, aunque dijo que eran menos que el límite que el reglamento exige para ser consideradas significativas.
SIN INFORMACIÓN NI ALTERNATIVAS. Los cincuenta paneles en el entorno del puente de Rande se encuentran todos dentro de la A-9. Durante el juicio, los testimonios corroboraron que en ningún caso se informó a los usuarios de la situación generada por las obras antes del peaje. No hubo advertencia en los accesos a la autopista, antes de adentrarse en la misma, que permitiera a los conductores buscar una alternativa para eludir los atascos. Tampoco hay señalización, confirmaron los distintos testimonios, de que al salir del puente de Rande se e puede continuar vía Pontevedra por carretera, como ocurre por ejemplo con la A-55. La contestación aportada por este respecto por los funcionarios es que los conductores deben saber sus rutas y que tienen las incidencias en la web. Asismismo, la posiblidad de eludir el pago del peaje ante una situación de retención era inexistente, pues, tal y como incidió la Fiscalía, la salida del Morrazo, supone también un “peaje en la sombra”. La conclusión es que todo el conductor que accede a la autopista paga peaje. En ningún momento, incluso en los que Tráfico reconoce como especialmente complicados, se aconsejó otra alternativa, algo que sí sucedió en una ocasión con el incendio de Fandicosta, ni se levantó el peaje. La empresa proyectista apuntó a que nunca se planteó la posibilidad de cortar el puente de Rande, porque hubiera sido una barbaridad.
SIN CONDICIONES ÓPTIMAS. Durante el periodo de obras se redujeron los arcenes y número de carriles, de modo que las características de la vía "no eran las condiciones óptimas de una autopista". Lo llegó a declarar el perito contratado por Audasa y es una de las conclusiones de la Fiscalía que le han llevado a considerar que por tanto la concesionaria debería haber rebajado el precio del peaje. Esas condiciones limitarían de igual forma los servicios por los que pagan los usuarios. El responsable de la ejecución del proyecto señaló que hubo unas condiciones acordadas con Fomento por las que se debería primar la seguridad, la menor afectación del tráfico y también medioambiental.
MENOS SEGURIDAD. Si las condiciones de la vía no eran las óptimas y también hubo retenciones en ese periodo, la seguridad también quedaría en entredicho. El responsable de carreteras afirmó que “no es la misma seguridad con o sin obras”.
AFECTACIÓN DE OTRAS OBRAS. La concesionaria trató de defender la ausencia de retenciones significativas durante el periodo y de que la ampliación del puente de Rande mejoró el servicio de la autopista. Durante el juicio, salió a relucir la coincidencia con las obras de la autovía del Morrazo y de cómo éstas pudieron haber sido las causantes de atascos. Sin embargo, Tráfico aseguró que es la única zona sobre la que no tiene visión al no estar monitorizada.
