El impago de facturas sube a casi cinco millones en Porriño

Las facturas de alguna empresas que está reclamando el pago al Concello de O Porriño, suman un millón de euros. Y en conjunto, la deuda pendiente en la cuenta "413" en la liquidación del tercer trimestre de 2020 alcanzaba casi los 5 millones: 4.865,538 euros.

Los tres juzgados de los Contecioso Admistrativo de Pontevedra, están recibiendo numerosas reclamaciones por impagos de facturas presentadas y tal y como figura en las diligencias previas existentes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Porriño, las investigaciones por facturación por más de 3 millones de euros, por limpieza viaria y desbroces, podría dar lugar a un nuevo proceso -por vía penal-, o ampliación del mismo después de que uno de los juzgados de los Contencioso Administrativo haya advertido que todo este proceso "es muy grave" calificándolo de "intolerable" para una administración pública por una actuación "groseramente ilegal y con perjuicio notorio de intereses públicos".

Tal y como han ido informando reiteradamente los técnicos municipales del Concello de O Porriño, las facturas "que se rechazaban volvían a registrarse". Y no son casos aislados sino una práctica "sistemática" de la administración local de O Porriño. Es más, hasta la propia web del ministerio de Hacienda, llegó a colocar a este Ayuntamiento entre los más deudores e incumplidores del periodo medio de pago.

Hay sentencias de pago por reclamaciones que ya fueron abonadas (mantenimiento piscina municipal, que a pesar de contar este servicio con partida presupuestaria, sus facturas fueron rechazadas sistemáticamente). Lo mismo que el mantenimiento de los campos de fútbol, desbroces y limpieza viaria, actos culturales y obras. Todos sin partida presupuestaria ni contrato desencadenando un cúmulo de facturas sin cobertura legal o sin trámite alguno por parte del gobierno local, que ha contraido una edeuda pendiente en facturas que las empresas perjudicadas están presentando en los juzgados. Uno de los cuales se ha visto en la obligación de emitir sendos testimonios de particulares para que el Tribunal de Cuentas y la jurisdicción penal las investiguen y exijan responsabilidades.