La Xunta reduce a 2.300 millones el rescate de la AP-9

La Xunta presentó un estudio encargado a una consultora sobre los costes que supondría para el Estado la aprobación de la ley de transferencia de la AP-9 que está en tramitación en el Congreso y que, tal y como está redactada, supondría la ampliación de las bonificaciones ya en vigor y el fin del incremento anual de los peajes. Lo más llamativo es que sus cálculos sobre el rescate de la concesión, que reducen notablemente los realizados por el Ministerio de Transportes, que eleva la indemnización a unos 4.000 millones. Para la Xunta sería la mitad.

En cuanto al coste del traspaso a la Xunta, se traduciría en un incremento de unos 526,5 millones de euros sobre el montante de 1.149 millones que ya se van a pagar hasta 2048 -año en el que finaliza la concesión a Audasa- con el mantenimiento de las bonificaciones que hay ahora en vigor. En total, siempre según este informe realizado por Eptisa, se pagarán unos 1.676 millones. "Nada que ver con el baile de cifras dado por el Gobierno", esgrimió la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en una rueda de prensa ofrecida junto al director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y al jefe de Proyectos de la consultora, Marcos Maderuelo.

El pasado mes de junio, el ministro de Transportes, Óscar Puente, había situado el traspaso en la horquilla de 1.260 a 2.600 millones.

Sus cálculos coincidirían con los realizados por este informe encargado por la Xunta si se considera no simplemente el sobrecoste (526,5 millones), sino lo que pagará la Administración del Estado hasta 2048 si se traspasa la autopista, se amplían las bonificaciones y se suprime el incremento anual del 1 por ciento de todos los pejaes: 1.676 millones.

En este contexto, el estudio del Gobierno autonómico contempla tres escenarios posibles para la AP-9: la transferencia de titularidad, que no llevaría aparejado un coste a mayores; la transferencia junto con nuevos descuentos, que lo subiría en los 526,5 millones ya mencionados; y la finalización de la concesión.

En esto último es en lo que ya no coinciden tanto la Xunta y el Ejecutivo estatal. Puente había asegurado en junio que el rescate de la concesión de la AP-9 supondría un gasto de 4.000 millones para las arcas públicas, que ascenderían a 6.000 millones si, en paralelo, se hiciese el traspaso.

Sin embargo, el Gobierno gallego estima que el pago de rescate, con efectos a 31 de diciembre de 2024, se situaría entre los 1.612 y los 2.355 millones. Para calcularlo, su estudio tiene suma el pago de la indemnización a Audasa -que no se establecen con exactitud, de ahí la horquilla- y los costes derivados de la eliminación de las cabinas de peaje y de la conservación y explotación de la autopista hasta 2048. A esto le resta, porque se ahorrarían, los 1.149 millones que se dejarían de pagar en bonificaciones en todo este tiempo. El estudio de Eptisa será remitido al ministro de Transportes y espera tener "una respuesta", así como poder mantener con él una reunión en la que abordar no solo la situación de la autopista, un "vial fundamental y vertebrador" de Galicia y también de otras cuestiones.

Diego Maraña: “Por fin una Administración da cifras reales con un informe objetivo”

El presidente de la asociación de consumidores En-Colectivo, Diego Maraña, se mostró satisfecho y de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Gobierno gallego a través del informe de una empresa especializada. “Por fin parece que una Administración argumenta unas cifras con base en un estudio objetivo, el Gobierno debería de tener en cuenta lo que ha hecho la Xunta y dejar de dar cifras astronómicas de 2.000, 4.000 y 6.000 millones de euros sin argumentar de donde salen estos importes”, señaló Maraña.

En-Colectivo presentó la demanda ante la UE por irregularidad del Ejecutivo (con Aznar, antes con Felipe González) en la ampliación de la concesión a Audasa de la AP-9 hasta 2048 sin un concurso, punto de vista que fue asumido por Bruselas, que abrió un procedimiento y que ha rechazado las alegaciones del Estado español al entender que la extensión del contrato violó las normas sobre competencia. Al respecto, Diego Maraña reconoció que es “francamente preocupante” que el Gobierno alegue indefensión ante la Comisión Europa y que le diga a la UE que debido al coste que supone anular la autopista no hay que cumplir la legalidad, “lo que llevaría a seguir con el peaje y la concesión hasta 2048”. Todo ello en un clima cambiante en Bruselas. En todo caso, el presidente de En-Colectivo señala que la clave va a ser el dictamen motivado que tendría que emitir la Comisión, donde anularía la concesión. Y a partir de ahí, hay dos vías, que el Gobierno español de forma voluntaria ejecute el dictamen, con lo que ya se aplicaría, o que no lo haga.

En esa situación, la UE instaría al Tribunal de Justicia europeo a que inste a que ejecute la decisión comunitaria. “Ese dictamen motivado indica al Gobierno que tiene que iniciar un proceso de anulación de la concesión, y es el punto clave para tener la autopista gratuita”, señala Maraña.

A favor de que la Comunidad Autónoma gestione el vial

La conselleira de Vivienda e Infraestructuras subrayó ayer en la rueda de prensa que la postura de la Xunta es a favor de la transferencia de la autopista a la Comunidad Autónoma y la ampliación de las bonificaciones, tal y como está reflejado en la ley que parte del Parlamento gallego con unanimidad y que el Congreso admitió a debate en junio, después de que su tramitación fuese suspendida hasta tres veces por convocatorias electorales.