Los juzgados de Vigo pedían a gritos un cambio en las guardias semanales para evitar atascos y atender sin dificultades los casos de violencia de género. La reivindicación para instaurar los turnos 24 horas, como ocurre en los partidos similares (con 8 juzgados de Instrucción) de toda España a excepción del vigués y el de A Coruña, lleva tiempo sobre la mesa y ha sido unánime por parte de jueces de Instrucción, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios. Tras el informe favorable del Tribunal Superior de Xustiza en 2019, finalmente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió ayer un informe en el que avala el cambio de sistema. Pese a haber superado el último obstáculo “administrativo”, este visto bueno no llevará consigo su implantación, al menos de momento, por falta de presupuesto.
El propio CGPJ advirtió de que el cambio está condicionado a que la Xunta y el Ministerio de Justicia asuman el coste económico, ya que ambas administraciones son las que pagan por un lado a los funcionarios y por otro a los letrados judiciales, jueces y fiscales. Mientras el Gobierno se mostró conforme con la implantación del nuevo sistema y dispuesto a hacer frente al pago del mismo, alertó de que la autorización, a efectos económicos, quedaría supeditada a las disponibilidad presupuestaria, una vez que se proceda a la aprobación de la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Mientras, la Xunta fue más tajante y considera “imposible” disponer de los recursos económicos necesarios en este momento ya que la situación de emergencia sanitaria provocó “una reorientación de los recursos, siempre limitados, de cara a la creación de nuevos órganos”, según el informe que remitió al máximo órgano de los jueces, en el que destaca que tuvo que priorizar en la puesta en marcha de tres nuevos juzgados en Galicia.
Fuentes del CGPJ informaron ayer de que la decisión se adoptó tras revisar los informes remitidos desde Vigo y también a raíz de las conclusiones de su servicio de inspección y así concluye que la implantación de turnos 24 horas frente al semanal como hasta ahora mejoraría el servicio que se ofrece a la ciudadanía.
El colectivo judicial considera el compromiso “ineludible”
“El Consejo General del Poder Judicial ha confirmado que nuestra propuesta es necesaria”, asegura Juan José Yáñez, delegado en Galicia de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia. Este colectivo fue uno de los que remitió la petición ante la Xunta, CGPJ y Ministerio de Justicia.
Yáñez considera que “seguimos defendiendo la implantación de las guardias 24 horas porque Vigo cumple los requisitos y porque supone una mejora sustancial en la respuesta a los ciudadanos. Ya no hay marcha atrás, se ha convertido en un compromiso ineludible”. A efectos prácticos, Yáñez explica que uno de los cambios más visibles es que “el juzgado siempre estaría abierto. Aunque en las guardias se sigue trabajando una vez cerrado mediante un móvil para estar siempre localizable, el cambio supondría personal presencial en la oficina”.
Pero lo más importante, señala, es la eficiencia del servicio, “el turno de siete días paraliza durante una semana el trabajo habitual del juzgado”, las guardias, añade, “son imprevisibles” por lo que depende de lo que ocurra puede llegar a atascar dicho órgano. El cambio de sistema, “permitiría dar salida a los asuntos de esa guardia durante siete días”.
En la misma línea se expresa el presidente de la junta de personal , Julián González, de STAJ. Afirma que “llevamos mucho tiempo solicitando este cambio, que cuenta con el apoyo de todas las instancias pero que tiene por delante un escollo muy grande, el económico”. González incide que el cambio supondría “tener el juzgado abierto los 365 días del año, 24 horas al día” y añade que “de hecho ya funciona en todos los partidos judiciales que cumplen los requisitos excepto en los de Galicia”.
Un coste aproximado de un millón de euros al año
El principal obstáculo para que las guardias 24 horas sean una realidad está en el coste económico. El cálculo estimado se sitúa en cerca de un millón de euros al año, ya que supone una reorganización del personal y por tanto de las horas de trabajo. Sin embargo, el presidente de la junta de personal de los juzgados incide en que “el dinero público debe revertir en un mejor servicio a los ciudadanos y es coste que es asumible cuando se hace en el resto de España”.
En este caso, la mayor parte del gasto le correspondería a la Xunta de Galicia, de quien dependen los funcionarios. “Si la cuestión es priorizar juzgados, pues que se haga, llevamos mucho tiempo esperando por un segundo órgano de Violencia sobre la Mujer, o un cuarto penal. Parece que no hay voluntad”, afirma.
Respecto al problema de la inversión, el delegado de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia afirma que “entendemos que haya priorizar recursos en estos momentos de crisis sanitaria pero no con nuevos órganos que ya estaban comprometidos”.
El propio presidente del TSXG, Díaz-Castroverde, en su última visita a Vigo abogó por ser “solidarios” en el reparto de recursos.
