Lo que ocurrió el pasado martes 26 de marzo en el cementerio parroquial de San Miguel de Bouzas fue “surrealista”, según los testigos. A las puertas del camposanto, vigilantes de seguridad, el responsable de la empresa que lo gestiona (Geslumen) y el párroco esperaban al cortejo fúnebre previo a un enterramiento. También se había llamado a la Policía Local, “de forma preventiva por si hubiera algún incidente”, explicaban desde el propio cementerio. La razón: impedir el acceso a los empleados de la funeraria contratada (Nicolo) para dicho servicio, porque, según afirman desde el camposanto “es la única empresa que no cumple la normativa”.
Una vez llegó la comitiva, los empleados de la Funeraria Nicolo, que iban a portar el féretro hasta el nicho tuvieron finalmente que dejarlo en manos de las personas indicadas después de un momento de tensión para “evitar mayor dolor a la familia”, comentó el gerente de dicha funeraria, Fernando Gutiérrez, quien especificó que “fue algo escandaloso, haciendo el intercambio en la vía pública”.
El citado no fue el único incidente. Días atrás había ocurrido otro enfrentamiento en el cementerio de Alcabre (ambos de la Diócesis gestionados por la misma empresa). “Nos quedamos muy sorprendidos cuando el párroco nos dijo que allí esa empresa no entraba y que si queríamos enterrar a mi familiar tenía que ser con la empresa que ellos tenían”, explicaba un afectado. En aquella ocasión, la familia optó por derivar el entierro a Pereiró.
Mientras desde Geslumen aseguran que “es la única funeraria que no presenta la documentación e incumple la ley de Prevención de Riesgos Laborales”, desde la Funeraria Nicolo no solo lo niegan sino que afirman que, “estos son los únicos cementerios a nivel nacional donde ocurre esto, nunca hemos tenido problemas en ningún otro camposanto privado y tenemos el caso en manos de nuestros abogados porque aunque antes nos ponían malas caras y era incómodo ahora han pasado a las coacciones por parte de los dos párrocos".
Desde Bouzas relatan que “esta empresa llegó a realizar un enterramiento sin avisar. Nos dimos cuenta porque habían manipulado un nicho y había flores, y tienen que informar con 24 horas de antelación, porque hay que registrarlo ante Sanidad y ante la Xunta, nosotros tenemos que dar fe” mientras afirman que se ha remitido un informe de todo lo ocurrido al Obispado y se ha puesto el tema en manos de su departamento jurídico.
Por su parte, Gutiérrez señala que “siempre comunicamos mediante correo electrónico a la Diócesis, y también a Sanidad y la Xunta, no es cierto lo que se argumenta” mientras recuerda que “la propiedad es la Diócesis y es a la que tenemos que remitir la documentación, como así se hace”.
El problema radica en que la funeraria Nicolo, el tercer operador en Vigo, ofrece servicios integrales “de principio a fin”, pero los cementerios de Bouzas y Alcabre aseguran tener su propio personal para operar en el interior. Según explica el gerente de dicha operadora “es como si en una comunidad de vecinos impidieran a un propietario recibir visitas en su propia casa”.
A la espera del atestado policial para posibles demandas
Tanto de una parte como de otra afirmaron estar a la espera del atestado policial del pasado día 26 de marzo para interponer posibles demandas cruzadas. La Policía Local acudió hasta el cementerio pero no llegó a intervenir sino que levantó acta de lo ocurrido. Lo que allí sucedió fue recogido por las cámaras de grabación de seguridad del cementerio pero también por el propio personal de la funeraria.
La funeraria Nicolo tiene intención de seguir trabajando como hasta ahora porque afirma su gerente “tenemos una responsabilidad con los clientes” e insiste en que las sepulturas “son propiedad privada”. Por su parte, los dos cementerios continuarán sin permitir el acceso a los empleados de esta operadora, tal y como confirmaron desde la empresa que los gestiona, afirmando que “lo que hacen es poner en contra de las personas a los párrocos y ellos son los administradores”.
Un conflicto entre tasas y las normas antimonopolio
La funeraria Nicolo considera que se están vulnerando las normas antimonopolio. “Somos un operador libre y los clientes tienen derecho a elegir”, explica el gerente de la empresa quien asegura que “el personal propio que dicen tener estos cementerios cuando cogió el féretro llevaba el logotipo de otro operador”.
Por su parte, desde los comenterios afirman que el resto de funerarias cumplen con sus normas. Ellos cuentan con unos aranceles de enterramiento que establece el Obispado y cuyo coste es superior es al de los cementerios públicos. Las familias pueden renunciar al último paso del servicio funerario incluido por este operador, lo que supone otro coste que habrá que reclamarlo al seguro.
