La mayor plantación de marihuana descubierta en la provincia y hasta hace poco en Galicia llevó a tres vigueses al banquillo hace cuatro años. Fue la Guardia Civil quien destapó lo que consideró como un centro de producción a gran escala en una vivienda alquilada en Torneiros, Porriño, en 2016. Allí, se encontraron 3.007 plantas en diferentes fases de desarrollo, alcanzando un peso total que rozaba los 21 kilos y con un valor en el mercado superior a los 100.000 euros.
Un juzgado de lo Penal condenó a los tres responsables a penas de 2 años y seis meses y una multa de 120.000 euros. La sentencia fue recurrida ante la Audiencia, que atendiendo a un recurso modificó la duración de la pena de prisión correspondiente al delito contra la salud público en un año y seis meses, pero mantuvo la misma cantidad económica a desembolsar por los condenados.
Ahora, es el Tribunal Supremo quien considera que por el mismo motivo que la Audiencia rebajó la prisión se debe hacer lo propio con la muta y la deja en 51.160 euros.
Los tres vecinos de Vigo alquilaron en 2015 una vivienda. El contrato de arrendamiento, según consta en la sentencia, lo llevó a cabo uno de ellos haciéndose pasar por un cuarto, presentando una nómina y una fotocopia del DNI con la fotografía manipulada. Sin embargo, dicha actuación no conllevó pena al entender el tribunal que no consta que causase un perjuicio a terceros y que ni el propietario del inmueble ni la persona de la que se tomaron los datos solicitaran indemnización por daños. Entre octubre de 2015 y marzo de 2016, los tres manipularon la conexión de la vivienda a la red eléctrica, desarrollando la actividad necesaria para el cultivo de cannabis y posterior venta.
El olor que desprendía la vivienda les delató y un operativo de la Guardia Civil pudo destapar la plantación. En el registro se intervinieron además sistemas de purificación del aire de ambiente, sistemas de aire acondicionado y de riego automático, lámparas de vapor de sodio, una báscula de precisión digital, una máquina de sellado y precinto de bolsas de plástico, transformadores eléctricos, fertilizantes, tierras y macetas.
Junto a las condenas por un delito contra la salud pública, se les impuso una multa de 300 euros por otro delito leve de defraudación del fluido eléctrico, al engancharse de forma fraudulenta.
