Los okupas avanzan en Vigo

El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, causante de gran alarma e inseguridad social, se ha triplicado en los dos últimos años en Vigo y provincia donde, sin embargo, su incidencia sigue siendo escasa. Es la actividad judicial la que refleja cómo ha sido la evolución de estos procesos y en qué punto se encuentran a día de hoy. Teniendo en cuenta los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, en los primeros seis meses del año se han presentado un total de 18 procedimientos en los juzgados de la provincia para la recuperación inmediata de inmuebles por parte de sus propietarios, mediante los llamados juicios verbales posesorios.

Atendiendo a dicha actividad, el incremento notable se notó con respecto a 2018. En aquel año solo se recibieron 9 demandas frente a las 31 del año pasado o las 60 de 2019. El motivo de este repunte está vinculado directamente con la reforma legal de 2018 que introdujo herramientas para dar respuesta a un problema que iba en aumento. Eso explicaría el repunte de procesos que llegan a los juzgados civiles.

En todo caso, desde esa fecha, la media casos en los que una persona acude al juzgado después de ver cómo sin su consentimiento personas ajenas se han instalado en su propiedad se ha mantenido entre diez y quince al trimestre, con una alta tasa de resolución al menos respecto a las demandas ingresadas, llegando a alcanzar el 83% al finalizar el primer semestre de 2021. Además, los asuntos pendientes se redujeron a la mitad el pasado año respecto al anterior, el ejercicio del “boom” de procesos judiciales.

Haciendo referencia a lo que va de año, la comparación por trimestres muestra un aumento de nuevas reclamaciones, pasando de solo seis de enero a marzo hasta las doce de abril a junio (el doble), lo que aumentó aunque en menor medida los procedimientos en trámite o a la espera de respuesta, que pasaron de 15 en el primer tramo del año a un total de 19 al final del semestre en Vigo y provincia. La ley permite a los afectados demandar a los ocupantes de la vivienda.

Una vez los juzgados civiles admiten dicha demanda otorgan un plazo de cinco días para que los “inquilinos desconocidos” presenten certificación que acredita la posesión del inmueble, pasado ese plazo si los ocupantes no aportan justificación suficiente, se dicta un auto en el que se establece el inmediato desalojo y por tanto la entrega a su propietario legítimo, sin opción a recurrir.

En Vigo, la mayor parte de ocupaciones ilegales detectadas se producen en inmuebles abandonados o vacíos pertenecientes a llamados fondos buitre o entidades financieras que en contadas ocasiones acuden a los juzgados para iniciar un desalojo. Esta situación genera otro tipo de problemas, habitualmente de inseguridad o molestias en el vecindario por ruidos o insalubridad, si la propiedad ocupada no cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad.

Un 60% de los inmuebles ocupados, en manos de bancos

Un reciente estudio de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias revelaba que el 60% de los inmuebles ocupados en Vigo y en general en Galicia están en manos de entidades financieras. El mapa de las ocupaciones ilegales trazado en dicho estudio extendía los “puntos negros” en varias zonas de la ciudad, Teis, Travesía, Calvario y algunas calles más céntricas como Areal, Cervantes o Gran Vía.

También se situaría el entorno del antiguo Xeral, donde a falta de que se inaugure la Ciudad de la Xustiza, son varios los inmuebles abandonados donde residen “inquilinos desconocidos”. El edificio que fuera en su momento residencia San Rosendo registró un incendio recientemente del que tuvo que ser rescatado una persona que residía en el interior. Meses atrás, vecinos de la zona evitaron el acceso otro inmueble emblemático en la zona, el del antiguo Policlínico Cíes.