Durante la última fase del embarazo y el parto de su hija Adriana, el 30 de octubre de 2020, Sandra se sintió “violentada y maltratada física y psicológicamente” debido a la actuación sanitaria y el trato recibido. Lo que tendría que haber sido una experiencia bonita se convirtió, según sus palabras, en un hecho traumático por el que necesitó terapia. Tres años después, ha conseguido hablar de lo que ocurrió e iniciar una batalla judicial por “mi hija y por todas las niñas que algún día serán madres, porque no se nos puede tratar como máquinas de hacer bebés”.
Esta viguesa puso en manos de la abogada especialista en violencia obstétrica, Emilia de Sousa, su historia y tras presentar una reclamación previa administrativa preceptiva contra el Sergas por responsabilidad patrimonial de la Administración ha iniciado la vía contencioso-administrativa. Se trata de la primera demanda por posible violencia obstétrica que llega a los juzgados de la ciudad.
Las circunstancias de Sandra fueron especiales. Se enteró del embarazo el 7 de marzo, días antes de que la pandemia obligara a un confinamiento. Ella había tenido dos embarazos anteriores, uno fallido y otro por cesárea. Después de esa última experiencia “en el que ya me impusieron el protocolo para inducir el parto, decidí que si volvía a quedarme embarazada, quería un parto natural”.
Pero tampoco pudo ser. Relata que hubo multitud de irregularidades hasta dar a luz y que la actitud de los sanitarios cambió en cuanto mostró su deseo de continuar con el parto hasta la semana 40. “En la 38 me dijeron que me iban a explorar a pesar de que no estaba de parto, pero que me lo tenían que inducir y que era una loca por negarme porque estaba poniendo en riesgo a mi hija, que estaba a punto de matarla, pero los monitores eran correctos. Había tenido diabetes gestacional pero la niña estaba bien”, señala esta viguesa quien relata cómo “me llegaron a amenazar diciendo que más valía que me prestarse a la inducción porque si no, iban a pedir una orden judicial para hacerme una cesárea con sedación”. Sandra asegura que “pensé que se dulcificarían a la hora de decirme por qué mi bebé estaba en riesgo, pero fue violento”.
A partir de ahí, todo fue a peor, incide. “Accedí, estuve horas con mucho dolor porque la anestesia no me hacía efecto. Me decían que era una mujer rebelde y que si no iba a querer colaborar me llevaban al quirófano y me iba doler. Finalmente me hicieron una cesárea y me desperté en reanimación, con una hemarrogia, sin mi niña y muerta de frío. Escuché cómo me insultaban y me decían cuando gemía de dolor que estaba molestando al resto, cuando insistí con el frío, la respuesta fue que ‘te voy a poner algo para que dejes de molestar’”, explica. “¿Qué tipo de humanidad hay?”, lamenta.
“Asistí impotente al sufrimiento de mi mujer sin que hicieran nada"
Óscar, el marido de Sandra y padre de Adriana, también recuerda como “muy duros” aquellos momentos. Según afirma, “es cierto que el dolor lo sufrió ella, pero yo asistí impotente al sufrimiento de mi mujer durante horas sin que nadie hiciera nada, incluso entró una enfermera silbando”. Asegura que “tras la cesárea con nuestro primer hijo nos informamos pero parece que hay un protocolo establecido para inducir el parto y cuando optas por continuar en lugar de explicarte las cosas de forma empática, adecuada, el trato es horrible. Solo te dicen que hay riesgo, pero nada más. Soy una persona que no me enfado con facilidad pero ese día me enfadé”.
Sandra señala además que al estar en pandemia “no dejaron entrar a las revisiones a mi marido, pese a ser conviviente y sí dejar acompañante a mayores de 65 y menores”. Así, “tuve que estar para una prueba casi cuatro horas sentada en una sala de espera, sin comer, ni beber y sola”. Ambos creen que “todo está programado para llevar su trabajo con más comodidad y cuando vas al hospital confías ciegamente en los sanitarios. Esta pareja lamenta que lo que tenía que haber sido un recuerdo bonito sea amargo, ”todavía está recuperándose, lo pasó muy mal tras darle el alta, semanas de dolores y sin revisión ninguna al ser cesárea", explica Oscar, quien apoya a su mujer en la batalla iniciada. “Quiero sentar un precedente para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar, no queremos nada más. Traté de llegar a una mediación, quería una disculpa pero no la tuve” comenta Sandra.
El Sergas niega amenazas y respalda la actuación
Tras tener a su bebé, a la que no pudo tener “piel con piel, porque me llevaron a reanimación por hemorragias. Creí que me iba a morir”, y asimilar lo que había pasado solicitó los informes médicos para la primera reclamación preceptiva al Sergas tiempo después.
Desde el centro hospitalario, el Cunqueiro, se avaló la actuación de los sanitarios en función del embarazo así como las decisiones a adoptar por el equipo médico y sanitario negando además que se hubieran producido cualquier tipo de amenazas o insultos.
“Llegaron a presentar un documento donde había datos erróneos sobre el sexo de mi hija y el peso, que luego rectificaron”, explica la madre quien se sorprende que “se acuerden de cómo me hablaron entonces”.
“Al final, es todo una cadena de producción. Una vez entras te acotan tiempo para salir según carga de trabajo o ganas”, afirma Sandra quien añade que sobre los “supuestos riesgos de seguir adelante con mi embarazo, es igual que a si todas las mujeres que pasan de los 65 por el riesgo de tener cáncer se les realizara una mastectomía por protocolo, sin contemplar historial familiar, hacer pruebas complementarias o siendo todas ellas negativas. Pues mi caso fue así".
Para esta viguesa “había un riesgo estadístico, no real y quisieron aplicarme un protocolo igualmente sin un consentimiento y proporcionando información sobre lo que podría pasar y los efectos secundarios de la medicación, solo nos entregaron un papel para que firmemos, donde no se nos explica nada”.
A raíz de lo ocurrido, reconoce tener aversión a los ginecólogos, “tardé tiempo en poder acudir tranquila a una revisión. Lo que me pasó me obligó a someterme a terapia, porque me sentí humillada".
