Carmen reside con su pareja en una caseta heredada de sus padres en Santa Rita, sin luz ni agua ni ingreso alguno, al carecer de trabajo y a la espera de una resolución de una Risga desde agosto
Cada día, Carmen acude a la fuente de un parque infantil para llenar las garrafas de agua con las que beber, asearse, cocinar o limpiar. A sus 40 años, esta viguesa reside con su pareja en una chabola en Santa Rita, herencia de sus padres, construida a base de maderas, plásticos y materiales arrojados a la basura, que apenas soporta los temporales.
Carente de cualquier servicio básico (tampoco tiene electricidad) en esa “casa” hace meses que no entra ni un solo euro. Esta mujer lleva seis meses y 26 días esperando por una solicitud de Risga que no llega, en una situación que le mantiene alejada de sus hijos (residen con su suegra) y de las necesidades mínimas tan básicas como la de un baño, algo que resquebraja su dignidad como persona.
En ella además confluye la tormenta perfecta para situarse en el último escalón social: mujer, gitana y empobrecida. “No hay forma de conseguir trabajo, en cuanto me ven no hay nada que hacer, no hay ninguna familia que deje entrar en su casa a limpiar a una gitana o a cuidar de sus hijos”, lamenta, mientras relata que ni siquiera se permite sonreír cuando va en busca de trabajo. “Nunca pude ir al dentista y mi salud dental es pésima. Cuando la gente ve mi dentadura siempre piensa que es por las drogas”.
Su pareja tampoco ha tenido suerte. La pobreza de ambos en su caso es heredada. Familias obligadas como mucho a ir a la “chatarra”, aunque tiempo atrás “estuve trabajando en una cafetería como camarera, nueve años, pero el contrato se acabó y a partir de ahí ya no volví a conseguir nada”.
En 2012, les desahuciaron de la vivienda abandonada donde vivían como ocupas junto a la Cidade da Xustiza, y donde actualmente se levanta una obra de nueva construcción. “Al principio, la constructora nos proporcionó un depósito de 1.000 litros y nos lo llenaba de agua, pero en septiembre nos anunciaron que dejaban de hacerlo”, explica. Fue en ese momento cuando sin saber dónde ir, colocaron unas tiendas de campaña en un terreno anexo hasta que fueron construyendo las chabolas. “La nuestra se desplomó y nos quedamos con la de mis padres, cuando ellos se marcharon”.
Diagnosticada de depresión, tampoco puede llevar al día el tratamiento, “la Seguridad Social no lo cubre por completo y los 9 euros que me cobran en la farmacia no siempre los tengo”.
Para colmo de males, en 2022 cuando cobraba una Risga, les ingresaron sin pedirlo 989 euros del Ingreso Mínimo Vital, pero poco después, cuando ya lo habían retirado, les notificaron que le anulaban dicha ayuda porque los hijos no estaban empadronados con ellos. “Y es cierto, mi sueño sería tenerlos con nosotros en una casa, pero aquí no pueden vivir y con mis suegros tienen un techo y están escolarizados”. El error de la Administración recayó sobre esta pareja, a la que le reclamaron la devolución de lo pagado, cuando ya no podían devolverlo, así que “durante meses nos descontaron 115 euros de la ayuda por hijos a cargo, un dinero que es para su cuidado".
No es la única deuda que arrastran. La falta de electricidad hizo que se engancharan a la farola del alumbrado público “porque no siempre hay para mantener el generador” y una denuncia de la Policía Local acabó en el juzgado “que nos impuso 900 euros de multa, todavía no hemos podido pagar ni una cuota”.
Ahora mismo logra sobrevivir gracias a sus vecinos “no me queda más remedio que pedir a las puertas de un supermercado y allí unos me hacen de vez en cuando una compra, otros me dan ropa… Somos gente buena nunca tuvimos problemas con nadie y aquí la gente nos conoce, incluso la dueña del terreno, que es una persona encantadora”.
Carmen se aferra al amor de sus hijos y su familia y a lo único que nadie le puede negar, soñar. “Me encantaría tener un trabajo y un techo”, dice y mientras, al menos “un cuarto de baño portátil”.
