El aluvión de demandas, sobre todo por fondos buitre, han provocado que alguno supere los 3.000 mandamientos y órdenes de embargo
Solventada la situación de los juzgados laborales de Vigo con la creación en poco más de un año de dos nuevos órganos, el último recién creado para dar cobertura a un posible aluvión de demandas postcovid, los problemas se ceban con la jurisdicción civil.
El incremento desmesurado de reclamaciones de deudas por parte de fondos buitre, entre otro tipo de procesos monitorios, ha hecho que algunos de estos juzgados superen los 3.000 mandamientos y órdenes de embargo.
Alternativas na Xustiza puso ayer de manifiesto la sobrecarga de los juzgados de Primera Instancia, que, según el Consejo General del Poder Judicial, ingresan un 31% más de asuntos que los módulos establecidos.
Los propios jueces informaban de esta situación al presidente del Tribunal Superior de Xustiza en su última visita a Vigo. Junto a los procedimientos monitorios de los fondos buitre alertaban del especial aumento de los concursos de personas físicas, por insolvencia.
Tanto funcionarios, como jueces han hecho un llamamiento común, pasar el refuerzo de Social, una vez finalice en los próximos meses, a apoyar la jurisdicción civil. La solución provisional ha sido incorporar dos juezas en prácticas hasta finales de agosto para ayudar a aliviar la carga, pero no se trata de una sala completa.
Respecto a la solicitud por escrito del sindicato en relación al personal. La Xunta, a través de la Vicepresidencia, confirmó ayer que no se prevé el traslado de funcionarios de refuerzo, tal y como solicitó el sindicato.
Las alarmas se activaron hace tiempo. A la espera de la posible avalancha de demandas por despidos y ERTE con la pandemia incluso de solicitudes de la renta mínima básica, los pleitos se acumulan a la hora de reclamar impagos o cuantías pequeñas adeudadas.
Como ejemplo de la evolución de cargas de trabajo en los juzgados están los datos de los juzgados de Primera Instancia 3 y 6. El primero en 2018, registró 1.219, de las que ya 1.007 eran reclamaciones de cantidades (procedimientos declarativos). En el 2019, el número creció hasta las 1.559 demandas totales y 1.277 para exigir impagos. En 2020, y a pesar de los tres meses de parón, las cifras fueron muy superiores a las de dos años atrás con 1.445 demandas y 1.246 declarativas. En el caso de Instancia 6, los asuntos registrados el pasado año fueron más de 300 que en 2018 pese al parón, una cantidad casi similar a la del crecimiento de procedimientos declarativos. Con estos las ejecuciones también aumentaron notablemente si se comparan con cifras anteriores a la crisis.
Según estos datos, el sindicato Alternativas na Xustiza advierte de que “a pesar de la pandemia y que los juzgados estuvieron prácticamente parados durante tres meses en el año 2020, el número de demandas no bajó ” y de que la cantidad de procedimientos declarativos no dejan de aumentar.
La Ciudad de la Justicia amplía el espacio para la oficina de registro
Un grupo de jueces de Vigo realizó ayer una nueva visita a la Ciudad de la Justicia, acompañados por el juez decano, Germán Serrano. Durante el recorrido, se revisó la nueva reestructuración de las zonas comunes tras lo acordado en la última reunión con el arquitecto a finales del pasado mes de marzo, de Serrano y la secretaria del decanato y directora de la oficina de registro. Así, se pudo comprobar las nuevas dependencias para la oficina de registro, que tendrán más espacio, así como la ubicación de la oficina de atención a la víctima, el juzgado de guardia y el de Violencia sobre la Mujer.
Tras la visita, la Xunta explicó que los jueces se mostraron satisfechos con la planificación. Precisamente, los servicios comunes, su ubicación y espacio fueron objeto de crítica por parte de la junta de personal, que solicitaban una nueva revisión del proyecto para solventar problemas.
Por su parte, el arquitecto Alfonso Penela se mostró dispuesto a recibir las sugerencias necesarias para poder cerrar el proyecto de forma satisfactoria.
