Los impagos de alquiler generan más de veinte demandas de desahucio al mes en Vigo

Los inquilinos morosos son hoy por hoy la principal causa de demanda de desahucio en los juzgados de Vigo. La última estadística del servicio de Notificaciones y Embargos refleja una media de más de veinte peticiones judiciales de caseros cada mes para recuperar su vivienda ante la falta de pago de las rentas acordadas con los moradores, lo que supone la inmensa mayoría frente a un porcentaje cada vez más pequeño de ejecuciones hipotecarias. En general, el número de desahucios ingresados de marzo a junio se mantuvo en unas cifras estables desde finales de 2022, con 93, pero los que se ejecutaron aumentaron notablemente llegando a los 140. La razón, explican desde la oficina de los juzgados, está íntimamente relacionada con la huelga de letrados de la Administración de Justicia y que supuso una importante paralización de asuntos.

Así, mientras al finalizar marzo, había 71 desahucios sin ejecutar, la cifra cayó hasta los 24, que son los que están pendientes en la actualidad. Algo parecido ha ocurrido con los embargos, que han pasado de los 101 en cola a los 78 en espera al finalizar el mes de junio. La reactivación del trabajo judicial, por una parte, y la ampliación de vehículos para las notificaciones por otra han sido claves en agilizar la ejecución de este tipo de demandas. De hecho, las 2.654 notificaciones paralizadas de enero a marzo han quedado reducidas a 1.227, que son las que todavía están pendientes, una bajada importante teniendo en cuenta que esta oficina judicial recibe cada trimestre alrededor de 7.000 asuntos nuevos.

La tendencia en los próximos meses podría cambiar radicalmente. Tal y como explican desde Notificaciones y Embargos, se prevé que la nueva Ley de Vivienda tenga consecuencias directas sobre las demandas de desahucio, ya que amplía el concepto de vulnerabilidad.

Actualmente, son entre diez y quince los desalojos mensuales que acaban paralizándose por motivos de emergencia al tratarse de familias en situación de riesgo y con menores a su cargo. En estas situaciones, las instituciones buscan una alternativa habitacional para evitar que los afectados acaben en la calle. La nueva ley define como personas en situación devulnerabilidad económica a aquellas personas cuyos ingresos no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y cuyo gasto en la vivienda suponga más del 30% de los ingresos de la unidad familiar. En estas situaciones, obliga a buscar una negociación o una alternativa antes de llevarse la ejecución del desalojo.

Pero los impagos no solo afectan a las rentas de alquiler y en menor medida a las hipotecas, sino que se extienden a facturas, suministros, proveedores… dando lugar a notificaciones de embargos de bienes. En el último trimestre, fueron ejecutados un total de 127, una cifra más alta de lo habitual por el motivo de la huelga. El paro dejó sin efecto durante meses un total 101, hasta marzo, y aunque se ingresaron 104, la cifra pendiente está ahora en 78.

Los desalojos judiciales de okupas, un porcentaje mínimo

De los 140 deshaucios que se ejecutaron entre abril y junio en la ciudad, un porcentaje mínimo tuvo que ver con okupas. Desde Notificaciones y Embargos aseguran que aunque demandas hubo, fueron muy pocas, en torno al 2 o 3%.

Uno de los lanzamientos ejecutados fue precisamente en un edificio okupado de Sanjurjo Badía donde días antes se había originado un incendio. El desalojo estaba previsto para el pasado 5 de julio, cuando el fuego había causado daños y había obligado precisamente a la Policía a evacuar a los “inquilinos forzosos”. Aunque cuando se presentó la comisión en el lugar, no había nadie y la propiedad tapió el acceso, horas después la Policía regresaba al inmueble ya que una persona había logrado entrar de nuevo a pesar del riesgo para su seguridad después de los efectos del incendio.