El hospital Cunqueiro costó 470 millones más de lo debido, según el Consello de Contas

Sanidad

El informe de fiscalización del contrato de concesión del hospital concluye que la Xunta se habría ahorrado cuantiosos fondos si licitase obra y servicios por separado

El Consello de Contas critica también la simplicación del estudio de viabilidad para el contrato del Cunqueiro.
El Consello de Contas critica también la simplicación del estudio de viabilidad para el contrato del Cunqueiro.

El Informe de Fiscalización del Contrato de Concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, elaborado por el Consellero de Contas de Galicia, concluye que habría sido más eficiente licitar la obra y los servicios del centro por separado, y no conjuntamente como llevó a cabo la Xunta, ya que supondría un ahorro de más de 470 millones de euros (IVA incluido).

Así se desprende del documento, de más de 300 páginas, que indica que la "opción más ventajosa" sería la licitación de un contrato de obras para la ejecución de la infraestructura, por una parte, y la licitación de contratos de servicios, por otra.

"En términos económicos, la alternativa de la licitación de la obra por una parte y la licitación de contratos de servicios por otra, es más eficiente que el contrato de concesión realizado, ya que se podrían alcanzar resultados similares a un menor coste", indica Contas.

En concreto, la diferencia estimada entre el importe de la proyección de pagos de ambas alternativas es de unos 382 millones de euros (sin IVA) y de unos 470 millones (con IVA), lo que supone una diferencia en términos de valor actual neto (VAN) de 165,7 millones.

"El análisis de los datos anteriores lleva a concluir que la opción más ventajosa sería la licitación de un contrato de obras para la ejecución de la infraestructura, por una parte, y la licitación de contratos de servicios, por otra", insiste Contas.

En sus conclusiones, asegura que la elección de la opción de contratación se realizó "sin un análisis comparativo previo en términos de eficiencia y eficacia con respecto a una adjudicación de contrato público tradicional".

En el caso del Álvaro Cunqueiro se trata de un contrato de concesión de obra pública, cuyo objeto incluye no solo la construcción y explotación del nuevo hospital, sino también la prestación de servicios no sanitarios. Además, estos servicios se prestarán en el Álvaro Cunqueiro, así como en el Meixoeiro y en el Nicolás Peña.

"La ampliación del objeto del contrato al Hospital Meixoeiro y al Nicolás Peña, en los que no se realizó ninguna actividad constructiva, no tiene soporte legal en la definición de concesión de obra pública contenida en la legislación de contratos vigente en el momento de la licitación", alerta Contas.

El organismo también señala que el Estudio de Viabilidad completo fue sustituido por el Estudio de Viabilidad Económico-Financiera, alegando el Sergas que el proyecto sectorial cumplía con el contenido previsto en la legislación para el estudio de viabilidad.

Sin embargo, Contas considera que "la actuación es una de las inversiones con mayor impacto económico llevado a cabo por la Administración autonómica, por lo que no se sustenta la simplificación de este trámite".

El contrato tampoco alcanzó el objetivo de camas para el Chuvi

El Consello de Contas señala respecto a la eficacia de la inversión en la construcción del hospital, que se llevó a cabo durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, que "no logró alcanzar completamente los objetivos fijados". Así, Contas recuerda que en la memoria de justificación del centro se recogía la necesidad de conseguir 2.000 camas en el total del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), mientras que el mayor número de camas instaladas en el periodo fiscalizado fue de 1.366 en 2020.

"Lo mismo acontece con los objetivos fijados en cuanto al número de instalaciones, procesos asistenciales y reducción del peso relativo con el sector privado (Povisa)", recoge Contas.

Tras su análisis, propone una serie de recomendaciones para futuras inversiones similares. Entre ellas, la de realizar una planificación "idónea" de la inversión por parte de la Administración antes de iniciar el expediente de contratación, con el objetivo de garantizar la transparencia de la licitación y evitar modificaciones del objeto del contrato.

También destaca que la selección de la contratación debe ir precedida de un análisis comparativo "sólido" sobre la mejor opción de contratación, "que garantice una gestión eficiente del gasto público". Concluye que "la Administración debe evitar la sustitución del estudio de viabilidad completo por el estudio de viabilidad económico-financiera en actuaciones de naturaleza y características similares a la fiscalizada".

La Xunta defiende que se redujo el plazo de ejecución

La Xunta defendió el modelo contractual escogido para la construcción del hospital, asegurando que permitió reducir el plazo de ejecución, que se habría demorado hasta 15 años según sus cálculos. Así ha salido el Gobierno gallego al paso en un comunicado y dijo que el modelo utilizado era el "único posible y viable", al ser la "única alternativa factible que permitía la construcción del nuevo hospital de Vigo para dotar y completar el complejo hospitalario de conformidad con las necesidades asistenciales de ese momento".

Según sus cálculos, la ejecución se habría demorado hasta 15 años si no se optase por ese modelo, "teniendo en cuenta el contexto de grave crisis económica de los años de su licitación". "Esta demora supondría graves prejuicios a nivel asistencial para la población de la ciudad y de toda la comarca", añadió la Xunta.

El PSdeG urge reconsiderar la gestión y la financiación

El PSdeG urgió a la Xunta a que reconsidere la gestión y financiación del hospital. Ante lo que ven como "demoledor" informe recordaron que el hospital fue inicialmente promovido por el gobierno de Touriño, sufriendo un "cambio drástico" en su proyecto bajo la administración de Feijóo. "Estos cambios no solo redujeron el tamaño del proyecto original, sino que también optaron por un modelo de financiación privado en lugar de público", lamentaron, añadiendo que el resultado fue "un sobrecoste de casi 500 millones" que los gallegos "pagan debido a la mala gestión de Feijóo y Rueda". Concluyen que “este informe no solo valida nuestras denuncias, sino que subraya la necesidad urgente de reconsiderar la gestión".

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