Más de una decena de las subastas de inmuebles actualmente abiertas en la provincia proceden de la Agencia Tributaria. Hacienda copa así la mitad de de las pujas este mes de febrero, con una amplia mayoría de bienes embargados en Vigo y su área.
Según el portal de Subastas Electrónicas, el valor de esas propiedades que fueron requisados por deudas al fisco llegan al millón de euros. Con esta medida, la Agencia Tributaria trata de recaudar parte de la deuda que le llevó a aplicar su medida más gravosa, el embargo.
Siete de las once pujas que se cerrarán este mes de febrero y en las que todavía se puede participar se refieren a bienes de Vigo, A Guarda, Tomiño, Mondariz y Pontereas, entre ellas varias fincas incluidas en polígonos.
Una de las propiedades de mayor valor se sitúa en la calle Urzaiz de Vigo. Se trata, según consta en el anuncio de la propia subasta, del 50% de una finca, en la que se encuentra una casa compuesta por sótano, bajo, pisos primero y segundo, buhardilla y patio, tasada en algo más de 290.000 euros. La puja se cerraba ayer por la tarde.
En A Guarda, se sitúa otra de las viviendas con la que Hacienda quiere recuperar efectivo. Valorada en 151.000 euros consta de dos plantas y un ático. Un garaje por valor de 36.642 euros y una finca en Mondariz de 3.884 metros cuadrados, tasada en 23.220 se subastan en Tomiño y Mondariz, mientras que el resto son terrenos que superan los 50.000 metros cuadrados. En el polígono de O Toural, en Ponteareas, se encuentran 44.401 metros cuadrados que salen a concurso por 244. 909.000 euros.
Las opciones de recuperar por parte de la Agencia Tributaria las deudas por las que se quedó con los bienes inmuebles de propietarios morosos mediante subasta pública no son muy alta, a juzgar por las escasas pujas de interesados que se han recibido hasta el momento.
Aunque el porcentaje de subastas concluidas con ofertas subió en los últimos años, este todavía sigue siendo menor respecto a las que se quedan desiertas.
La mayoría de pujas de bienes inmuebles sigue estando en manos de los juzgados de Primera Instancia, como autoridades gestoras encargadas de la ejecución del procedimiento que ponen en marcha desde particulares a entidades financieras o de crédito.
