La Fiscalía señaló ayer que el contrato de recogida de la basura de Nigrán, cuya adjudicación se aprobó en pleno en 2004, fue "amañado" a cambio de dádivas de la empresa Cespa y que tanto el entonces alcalde, Alfredo Rodríguez, el exregidor Avelino Fernández y el concejal Antonio F.C., así como otros 5 acusados, participaron en esos hechos delictivos.
Así lo aseguró la representante del Ministerio Público, en la última sesión del juicio en la Audiencia por prevaricación administrativa y cohecho, donde mantuvo su petición de condena de un año de prisión y entre cinco y 10 de inhabilitación para los principales acusados.
La fiscal aseguró que la adjudicación de ese contrato estaba "amañada" y que "las autoridades sabían de forma anticipada" que Cespa sería la ganadora del proceso de licitación, a cambio de "ventajas económicas" para el alcalde, dos concejales y varios particulares.
Según su informe final "el delito empezó a organizarse" cuando el alcalde presentó un pliego, cuyo origen no se ha aclarado, y del que no consta contrato, expediente ni factura en el Ayuntamiento. También ha aludido a otras irregularidades, como la ausencia de estudio económico en la oferta de Cespa, y que la licitación se resolvió a un precio "un 52 % mayor que el que había en la época en que se hizo el anterior contrato, con FCC".
Señaló que tanto Avelino Fernández, como el teniente de alcalde "movilizaron" a los miembros de su partido, el PINN, para que apoyasen la adjudicación a Cespa, y que el alcalde contrató a una consultora externa "de su confianza" para que hiciera la valoración de las ofertas beneficiando a esa empresa. Mientras, todos los abogados de la defensa pidieron la libre absolución proclamando que no hay "ni una sola prueba" de que hayan cometido los delitos que se les atribuyen y, como mucho, pudieron participar en "irregularidades, que no ilegalidades, administrativas". El abogado de Alfredo Rodríguez incidió en que la investigación se abrió por una denuncia anónima "falsa" y no acreditada.
