El detenido en Vigo por el crimen organizado tenía un taller clandestino y se encargaba de la logística

La Guardia Civil en la incautación contra el crimen organizado. // Alberte
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La operación contra el narcotráfico que la UCO desarrolló en las provincias de Pontevedra y Lugo se ha saldado con la incautación de 220 kilogramos de cocaína y 4 millones

La operación contra el narcotráfico que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolló el pasado miércoles en las provincias de Pontevedra y Lugo se ha saldado con la incautación de 220 kilogramos de cocaína. El operativo policial, denominado Carplaya, ha supuesto la detención de 10 personas, muchas de ellas vinculadas familiarmente y relacionadas con el tráfico de drogas desde hace años.

 

Todos ellos, según los investigadores, formaban parte de una activa organización criminal centrada en Galicia y especializada en el transporte de cocaína entre distintos puntos de España y Portugal, utilizando para ello vehículos dotados de sofisticados sistemas para ocultar la droga.

Esta línea de investigación llevó a los agentes hasta un taller clandestino situado en Vigo (Pontevedra), cuyo responsable era fundamental en la logística utilizada por esta organización. Así, los miembros de este grupo criminal no solo contaban con experiencia previa en el tráfico de drogas, sino que usaban una avanzada tecnología de mensajería encriptada en sus comunicaciones, sistemas de inhibición y detectores de radiofrecuencia de última generación.

La incautación

Los 15 registros realizados se saldaron con la incautación de 220 kilos de cocaína, 2,5 kilos de hachís, 640.000 euros en efectivo, ocho vehículos, inhibidores de frecuencia, sistemas de detección de radio frecuencia, terminales de comunicación encriptados y diversa documentación. La mayor parte de la droga fue hallada en una de las fincas registradas en Pontevedra, una granja agrícola y ganadera que ocultaba la cocaína en un zulo subterráneo que resultó difícil de detectar para la Guardia Civil dado su sofisticado sistema de soterramiento.

En la parte económica, los investigadores lograron inmovilizar más de cuatro millones de euros entre sociedades mercantiles, bienes inmuebles, embarcaciones y cuentas bancarias bloqueadas.

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