Abogada en ejercicio y responsable de la oficina de información y denuncias de SOS Racismo, Esther Lora asegura que queda mucho camino por hacer contra la discriminación y el discurso del odio, sobre todo en formación y prevención. Afirma que los casos más frecuentes tienen que ver con la discriminación cotidiana que impide a mucha gente abrir una cuenta bancaria o alquilar un piso y reconoce su preocupación por el aumento de delitos de odio y la disminución de denuncias.
¿Cómo ha sido el trabajo de la oficina en Vigo desde que abrió en 2019?
Los principios siempre son complicados porque hay que hacerse un hueco. Teníamos bastante conexión con otras entidades de la ciudad y fuimos tirando de ellas para que nos derivaran gente, fue un poco el boca a boca entre personas racializadas o emigrantes que comenzaron a conocer el servicio y la verdad que desde entonces hasta hoy, el número de casos registrados sigue en aumento. Estamos muy contentas por la acogida y por el trabajo que estamos haciendo pero, por otro lado, preocupadas porque los casos de discriminación siguen creciendo.
¿Qué tipo de discriminación es la más frecuente?
Principalmente, la gente que acude al servicio es emigrante. También hay gente nacional, racializada, que sufre delitos de odio o discriminación entre particulares por el color de la piel, por ejemplo, pero la mayoría de afectados son emigrantes. Ahora estamos con el informe del año pasado y principalmente, la gran discriminación se divide en dos bloques, lo que nosotros llamamos racismo institucional, en las oficinas de extranjería y la discriminación entre particulares, que básicamente son vivienda y discriminación laboral.
¿Es la discriminación cotidiana la que más cuesta identificar?
Muchas veces pensamos en racismo o discriminación como agresiones o incluso muertes, pero en el día a día estas situaciones son más veladas, por ejemplo no poder abrir una cuenta bancaria ni tener acceso a una vivienda porque determinadas nacionalidades están vetadas o estar trabajando en régimen de semiesclavitud, sobre todo las mujeres internas sin permiso de trabajo.
Precisamente, SOS Racismo puso sobre la mesa las dificultades para denunciar por la inacción de la Administración. ¿Con qué tipo de complicaciones encuentran las víctimas?
Nosotros siempre hablamos de infradenuncia para describir un proceso en el que se tiene mucho miedo a denunciar porque las posibilidades de conseguir una reparación o una sentencia condenatoria son muy pocas. A la judicatura todavía le cuesta muchísimo introducir el delito de odio, la agravante de discriminación y la administración pública no tiene preparados protocolos para actuar en estas situaciones. Nosotros animamos a denunciar y acompañamos en el proceso para que la gente no se sienta desprotegida, pero lo cierto es que acaban por cansarse. Además, hay un problema añadido que es la situación administrativa de las víctimas. Una persona en situación irregular tiende a no acudir a la administración y mucho menos a Comisaría. Son procesos complicados.
En casos más graves y aparentemente más obvios como el crimen de Samuel Luiz, ¿qué obstáculos judiciales existen?
A mí me parecen casos obvios pero para los jueces no siempre es así y si en ataques como el de Samuel, contra colectivos por su identidad sexual resulta difícil, con el tema xenófobo o racista todavía es peor porque es verdad que lo que no se nombra no existe. Tenemos protocolos contra la violencia machista que son muy necesarios porque todos los días se producen casos. Tenemos otros para temas sexuales, pero no hay jueces preparados en antirracismo, ni es un tema que se aborde en las escuelas. Nos cuesta mucho que el juez reconozca las denuncias que tienen claramente un matiz racista . Muchas veces se quedan simplemente en delitos de coacciones leves o lesiones pero no se introduce en la sentencia una agravante que está recogida en el Código Penal.
¿Estamos muy al principio en la lucha contra la discriminación?
Queda mucho por hacer, sobre todo en formación y prevención. Estamos viendo como el delito de odio es cada vez más impune. Racistas siempre hubo pero ahora la gente se siente legitimada para hacerlo. Denunciamos por comentarios en redes y se archivan. Además, los insultos están despenalizados así que yo puedo llamar a una persona “negro de mierda” y no pasa nada. Debería entrar dentro del discurso del odio, pero la legislación es la que es y su interpretación también.
¿Ha llevado muchos casos por delito de odio a los juzgados de Vigo?
Los delitos de odio pasan por Fiscalía y se archivan siempre. Los que llegaron a juzgarse fueron por agresiones y coacciones en todos los casos. Una mínima parte salieron absueltos y el resto con condenas de delitos leves de lesiones o coacciones sin la agravante de discriminación.
¿Ha visto una evolución en los últimos años? ¿Hay más denuncias?
Hay más casos, pero se denuncian menos. Nos cuesta mucho que la gente se dé cuenta de que es objeto de discriminación y, aunque sean conscientes, es difícil meterse en un litigio en una situación de vulnerabilidad sabiendo que después no habrá reparación en la sentencia.
