TRIBUNALES

El conflicto de letrados judiciales se agrava: 5 días más de paros

Concentración de letrados judiciales el pasado mes de enero, frente a los juzgados de Vigo.
photo_camera Concentración de letrados judiciales el pasado mes de enero, frente a los juzgados de Vigo.
La actividad de los juzgados  vuelve a estar amenazada con otras dos convocatorias de huelga para marzo y abril por parte de los secretarios, que luchan por dignificar su trabajo

El año no empieza bien en los juzgados de Vigo. Tras haber sufrido el primer paro postpandemia el pasado mes de enero por la huelga de letrados de la Administración de Justicia, el colectivo profesional ha endurecido sus protestas convocando otros cinco paros más para los próximos días 9 y 10 de marzo y 5,6 y 7 de abril.  Con tal calendario de movilizaciones, las consecuencias podrían ser importantes, teniendo en cuenta que a día de hoy se ha logrado rebajar algo la carga de trabajo pendiente, pero todavía los asuntos  en cola superan los 20.000. 

El primer paro a finales de enero ya dejó al 50% la actividad judicial, lo que supuso que los juzgados funcionaran a medio gas, obligando a suspender declaraciones y vistas.

Juan José Yañez,  del sindicato convocante, Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y letrado judicial del Juzgado de lo Penal 1 de Vigo explicó que hubo un intento de negociación fallida en la que “se nos comunicó que no había opción sobre nuestras dos principales reivindicaciones, la negociación colectiva propia y la adecuación salarial acorde a sus nuevas funciones, mientras que sobre el resto había una postura  en principio afirmativa pero en realidad no había nada concreto, sin plazos ni avances”.

Tal situación ha llevado al colectivo profesional a continuar con sus protestas, que se hacen de forma simultánea en toda España. Aunque el primer paro se vio afectado por la incidencia del covid “los obstáculos del Ministerio de Justicia y los excesivos servicios mínimos”, aseguró en su momento Yáñez, el nuevo calendario podría tener mayores repercusiones en una actividad judicial que no solo lucha por los asuntos pendientes sino por los derivados de la crisis que comienzan a notarse en las jurisdicciones civil, social y penal.

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