La empresa Audasa, concesionaria de la AP-9, ya se prepara ante una hipotética supresión total del peaje por el emplazamiento de la Comisión Europea (CE) al Gobierno por la posible ilegalidad de las dos últimas prórrogas concedidas, en 1994 (hasta 2023) y en 2000 (hasta 2048). La vía utilizada ha sido una emisión de obligaciones para dejar constancia expresa ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que reclamará más de mil millones de euros como compensación en caso de ver anulada su concesión. Según advierte la firma Autopistas del Atlántico (Audasa) "cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a Audasa y por razones de interés público implicaría, en todo caso y conforme a la legislación vigente, el derecho de Audasa a ser debidamente indemnizada", aunque advierte de que la firma no es destinataria de la carta de emplazamiento por la CE ni en el procedimiento que se pueda desarrollar. Pero considera que esa indemnización "sería significativamente superior al importe actual de su deuda", que se sitúa en 1.065 millones de euros. Según la empresa, la indemnización incluso podría llegar a 2.000 millones al incluir las inversiones que prevé recuperar en la concesión, que llegaría a 1.534 millones de euros, de los que solo habría amortizado un tercio, así como el valor de la autopista. El resto de esa cantidad engrosaría la factura de la supuesta indemnización, además de la deuda contraída, y a mayores el lucro cesante, la ganancia potencial dejada de obtener desde el momento en el que se revocase la concesión hasta el final del contrato.
El procedimiento abierto por la Comisión es uno de los siete riesgos que enumera la compañía en su emisión de obligaciones como información acerca del emisor. Uno de ellos se refiere al covid. Aquí Audasa reclama 46,2 millones al Gobierno por la pérdida de ingresos en el primer estado de alarma (del 14 de marzo al 30 de septiembre de 2020). La solicitud ha sido rechazada por el Ministerio de Transportes, y recurrida por la vía contencioso. Asimismo, detalla el "impacto negativo" en los niveles de tráfico por la pandemia: hubo un descenso del 29,92% en 2020 respecto a 2019, con unos ingresos por peaje un 16,6% inferiores (al pasar de 153,4 millones en 2019 a 127,9 millones en 2020, una reducción de 25,5 millones). La intensidad media diaria fue en 2020 de 15.126 vehículos, frente a los 21.584 vehículos en 2019. Hubo una caída del 31,4% de los vehículos ligeros y del 12,9% de los vehículos pesados. Sin embargo, en el primer semestre de 2021 se recuperan los tráficos un 27,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De hecho, los ingresos por peaje son un 31,43% superiores (al pasar de 46,7 millones a 61,4 millones).
Dos prórrogas ‘ilegales’ y turno al Tribunal de la UE
La Comisión Europea (CE) anunció el 23 de septiembre la apertura de expediente a España por haber realizado las prórrogas de la AP-9 sin concurso público, lo que iría contra la legislación comunitaria. Envió una carta de emplazamiento al Gobierno, primer paso en los procedimientos de infracción de norma. La asociación viguesa En-Colectivo reclama al Gobierno que se anule la concesión y se devuelvan los cobros. Audasa señala a la CNMV que si la CE llega a la conclusión de que el Estado no cumple sus obligaciones, puede enviar un dictamen motivador, "una petición formal para que se dé cumplimiento" a la legislación europea. En el caso de que el Estado mantenga el incumplimiento, la CE puede remitir el asunto, mediante demanda, al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Si el TJUE sentencia que España infringe la normativa europea, el Estado "podrá adoptar o no aquellas medidas que considerase adecuadas para ajustarse a la sentencia". Es aquí donde Audasa advierte de que se deberá indemnizar a la compañía en caso de salir perjudicada.
