El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Cangas ha acordado el sobreseimiento provisional del procedimiento penal abierto contra DomusVi y dos altos cargos de la Consellería de Política Social de la Xunta, a raíz de una querella presentada por las hijas de dos usuarias de la residencia de Cangas que se contagiaron de covid-19 durante la primera ola de la pandemia. Una de ellas acabó falleciendo.
El juez magistrado ha dictado un auto, fechado el pasado 25 de marzo, en el que decreta el archivo de las actuaciones al entender que "no existen indicios fundados de responsabilidad penal", si bien advierte de que esta decisión no significa "que no haya existido responsabilidad alguna" por parte de los demandados.
En concreto, la querella estaba dirigida no solo contra el grupo empresarial DomusVi, sino también contra su consejera delegada en España, Josefina Fernández; contra la directora del centro de Cangas, Laura Cancelo; y contra los entonces director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade y jefa de Inspección de Maiores e Discapacitados de la Xunta, Ildefonso de la Campa y Berta Besada.
La querella fue presentada el 16 de junio de 2020 por las hijas de dos usuarias del geriátrico de Aldán que contrajeron el coronavirus. En el escrito, se acusaba a los presuntos responsables de delitos de homicidio, lesiones por imprudencia profesional, y abandono de discapacitados.
En el auto que ahora dicta el archivo de la causa, el magistrado entiende que "los informes médico forenses emitidos son claros y mantienen que la atención dada (...) se ajusta a la `lex artis`, según el cuadro clínico que presentaron, no encontrando ningún error o negligencia en la actuación de los sanitarios que la atendieron", concluye.
Eso sí, el auto añade que con esta decisión judicial "no se mantiene que no haya existido responsabilidad alguna" por parte de los querellados, sino que "lo que se mantiene es que no existen indicios fundados de responsabilidad penal".
El juez magistrado ha dictado un auto, fechado el pasado 25 de marzo, en el que decreta el archivo de las actuaciones al entender que "no existen indicios fundados de responsabilidad penal", si bien advierte de que esta decisión no significa "que no haya existido responsabilidad alguna" por parte de los demandados.
En concreto, la querella estaba dirigida no solo contra el grupo empresarial DomusVi, sino también contra su consejera delegada en España, Josefina Fernández; contra la directora del centro de Cangas, Laura Cancelo; y contra los entonces director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade y jefa de Inspección de Maiores e Discapacitados de la Xunta, Ildefonso de la Campa y Berta Besada.
La querella fue presentada el 16 de junio de 2020 por las hijas de dos usuarias del geriátrico de Aldán que contrajeron el coronavirus. En el escrito, se acusaba a los presuntos responsables de delitos de homicidio, lesiones por imprudencia profesional, y abandono de discapacitados.
En el auto que ahora dicta el archivo de la causa, el magistrado entiende que "los informes médico forenses emitidos son claros y mantienen que la atención dada (...) se ajusta a la `lex artis`, según el cuadro clínico que presentaron, no encontrando ningún error o negligencia en la actuación de los sanitarios que la atendieron", concluye.
Eso sí, el auto añade que con esta decisión judicial "no se mantiene que no haya existido responsabilidad alguna" por parte de los querellados, sino que "lo que se mantiene es que no existen indicios fundados de responsabilidad penal".
