Una de las tres integrantes de la banda albanesa de asaltantes detenida en 2019 en la llamada ‘Operación Santa Isabel', a la que se le atribuyeron 26 robos en mes y medio, y que fue condenada en Vigo a cinco años de prisión por robo con fuerza y un año y nueve meses por falsedad en documento público, además de la expulsión del país, quiere quedarse en España tras haber encontrado el amor en A Lama.
La mujer, que ya cumplió condena, recurrió la orden de la Subdelegación que ordenaba su marcha forzada del país, alegando vulneración de derechos, entre ellos, al derecho de la pareja, un ciudadano español al que conoció en prisión, que tiene un taller de coches y medios para formar una familia con hijos. Según afirmaba su defensa en dicho recurso, la mujer entró en el país de forma regular a través de un vuelo procedente de Roma y durante el periodo de tres meses como turista fue detenida y posteriormente juzgada por conformidad, asegurando que no hubo ningún otro arresto. Que después de cumplir condena fue trasladada directamente de la cárcel al aeropuerto y que su compañero sentimental se marchó a Albania donde contrajeron matrimonio, al no poderlo hacer en territorio español por tener la mujer sus documentos retenidos por las autoridades españolas.
El Tribunal Superior de Xustiza rechazó en una sentencia de noviembre pasado las pretensiones de esta ciudadana. Recuerda en su resolución que fue detenida poco después de llegar a España como presunta autora de los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, robo con fuerza, hurto de placas de matrícula, tenencia ilícita de armas, receptación y blanqueo de capitales, por los hechos sucedidos en noviembre de 2019, en los que en compañía de otros dos miembros del grupo, alquiló una vivienda de uso vacacional, presentando una carta de identidad griega falsa a nombre de otra persona.
Recoge el fallo que ingresó en prisión preventiva en A Lama y es allí donde conoció a su pareja sentimental con la que convive posteriormente al quedar en libertad antes de volver a la cárcel para cumplir la condena impuesta por la Audiencia. Así, afirma que constan numerosas circunstancias agravantes que determinan la procedencia de la expulsión acordada sin que se produzca vulneración de derechos, “toda vez que las detenciones y antecedentes penales constan debidamente acreditados en los informes del juzgado”. Además, respecto a la relación de pareja con un ciudadano español, afirma que “la prueba practicada al respecto fue únicamente la declaración del hombre que afirmó ser su compañero sentimental y que mostró su voluntad de vivir juntos, sin que conste inscripción en el Registro de Parejas de Hecho”. Asimismo, señala que “no consta documental” que acredite el matrimonio en Albania y que la relación de pareja y su matrimonio podrá ser alegado en la solicitud administrativa correspondiente.
De esta forma el alto tribunal gallego rechaza la petición de la recurrente, con imposición de costas, si bien cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
