La Audiencia en Vigo acogió ayer la primera jornada de un juicio de presunta corrupción en el Concello de Nigrán que se habría cometido hace casi dos décadas. En el banquillo inicialmente nueve personas, entre ellos dos exalcaldes, uno del PP, Alfredo Rodríguez, y otro del Partido Independiente, Avelino Fernández, así como el exteniente de alcalde en 2004 para quienes la Fiscalía solicita penas de un año de prisión e inhabilitación para cargo público de entre 5 y 10 años, aunque ya están retirados. El Ministerio Público también acusa al que era delegado en Galicia de Cespa, un ingeniero municipal, otro de la empresa externa contratada, la mujer del exconcejal y dos exfuncionarios, estos últimos como cooperadores necesarios o cómplices.
El relato de hechos de la acusación pública sostiene que los dos exalcaldes se pusieron de acuerdo junto al concejal para amañar la adjudicación del contrato de basura a Cespa, obteniendo los exregidores cantidades uno de más de 100.000 euros y otro de 88.000, mientras que el edil se habría llevado 7.409, además de contratos de arrendamiento de locales por parte de la empresa con rentas anuales “desproporcionadas” .
Durante la declaración, los principales acusados negaron no solo cualquier amaño sino que fueron tajantes al asegurar que “jamás” recibieron dinero alguno. Alfredo Rodríguez aseguró que en esa época no estaba a jornada completa en el Concello, sino que tenía sus propias empresas de ahí que era comprobable la trazabilidad del dinero de sus cuentas. “Sería muy osado por mi parte dar indicaciones a los técnicos con años de experiencia sobre la adjudicación del contrato”. Por su parte, Avelino afirmó que tras tomar posesión como concejal ya estaba apartado de la política y no acudía a los plenos, pues intensificó su vida entre Marruecos y Canarias. Los dos coincidieron en señalar que la inspección de Hacienda fue “negligente”, algo en la que también incidió el entonces teniente de alcalde quien aseguró que él fue inspeccionado con anterioridad de forma pormenorizada y no se encontró nada irregular. Ninguno de los tres quiso declarar a las preguntas del fiscal. El resto de acusados también se desvinculó de haber participado en cualquier acto irregular.
La Audiencia resolvió en cuestiones previas sobre la prescripción dejando libre al que era ingeniero municipal.
