Un reciente informe del interventor del pleno del Concello de Nigrán, esto es, el mayor órgano de fiscalización de la entidad municipal, sacó a la luz el “elevadísimo número” de facturas correspondientes a contrataciones verbales “legalmente improcedentes” en el municipio. En total, se trata de 19.187 facturas por valor de 17.039.618 euros desde mediados de 2018 y hasta finales de 2022.
En dicho informe, el interventor advierte de que, además de poner en conocimiento del pleno del Concello estos datos –que, de confirmarse pueden constituir infracciones administrativas e incluso penales–, también se trasladarán al Tribunal de Cuentas y, si procede, a los Tribunales de Justicia.
Las facturas irregulares de las que da cuenta el interventor comienzan el 24 de julio de 2018 y el informe abarca hasta finales de 2022. Cabe destacar que, salvo por el año 2020, el número de facturas –y sobre todo, la cantidad de euros pagados fraudulentamente– aumenta año a año. No en vano, durante la segunda mitad de 2018 se emitieron de esta manera 2.752 facturas por valor de 1.754.500 euros, cantidades que ascendieron a 3.895 y 2.521.503 respectivamente en 2019.
En el año de la pandemia, el Concello emitió unas 400 facturas irregulares menos (3.842), sin embargo, los gastos derivados de las mismas subieron hasta los 2.685.323 euros.
En los dos años siguientes, tanto las facturas como las cantidades se incrementan considerablemente, como apunta el informe: 2021 sumó 4.383 recibos que se corresponden con contrataciones verbales por un importe de 4.304.308 euros, mientras que el año pasado estas cantidades se elevaron a casi 6 millones (5.773.984 euros) para las 4.675 facturas emitidas irregularmente. Así, en total la cifra asciende a 19.187 facturas por valor de 17.039.618 euros desde mediados de 2018 y hasta finales de 2022.
El interventor también certifica “la inexistencia de los legalmente preceptivos expedientes administrativos y la nula realización de la tramitación contractual preceptiva” para este tipo de contrataciones, pues aunque sean verbales no están exentas de ello.
Este ‘troceamiento’ de las facturas –el promedio sale a 888,08 euros cada una– sin su correspondiente tramitación administrativa y llevadas a cabo de forma verbal es una actividad que puede conllevar sanciones tanto administrativas como penales, por lo que el caso podría llegar a los Tribunales de Justicia si el Concello no es capaz de justificar estos 17 millones en el Tribunal de Cuentas.
