Uno de los hábitos a los que la ciudadanía tuvo que acostumbrarse durante la pandemia fue la necesidad de solicitar cita previa para muchos servicios y trámites. Pasados ya dos años, este requerimiento sigue siendo exigido en muchas administraciones públicas, algo que, según el profesor asociado de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo Diego Gómez, no se ajusta a derecho. Precisamente, un artículo en el que el docente expone los motivos por los que sostiene dicha afirmación, acaba de ser galardonado en la cuarta edición de los Blogs Jurídicos de Oro 2022, en la categoría de artículos de excelencia.
En su análisis, publicado en el blog ‘Es de justicia’, Gómez mantiene que, una vez que se levantaron las medidas excepcionales de emergencia sanitaria, la cita previa debería regresar a su carácter voluntario, una modalidad que considera “una buena opción” ya que “beneficia al ciudadano, que ahorra tiempo, y a la Administración, que puede organizar mejor el servicio”. no obstante, la persistencia de su exigencia “no se ajusta a derecho porque supone una limitación de acceso a servicios básicos”.
