Los investigadores predoctorales y postdoctorales de la UVigo –así como de las otras dos universidades gallegas– critican la convocatoria de las ayudas a la investigación por parte de la Xunta, que en un caso pueden llegar a excluir a estudiantes debido a sus requisitos y, en el otro, pondrá en desventaja a los investigadores con respecto a anteriores promociones.
En cuanto a las ayudas a la etapa predoctoral, asociaciones como Investigal explican que la Xunta hizo caso omiso al colectivo sobre la obligatoriedad de estar matriculado en un programa de doctoramiento para poder solicitar estos contratos, pues esta norma no fue así en la anterior convocatoria y puede llegar a excluir a una buena parte de los interesados.
Este requisito obliga a los investigadores a matricularse antes de gozar de un contrato, por lo que implica la realización de tareas investigadoras durante meses sin cobrar, como detallan desde Investigal, que añaden que el hecho de retomar la obligatoriedad este año sumado al retraso en la publicación de las ayudas al mes de agosto “hacen esta situación más sangrante porque los que acaben un máster en junio y no puedan estar matriculados en un programa de doctorado del curso 22/23 van a quedar excluidos de esta convocatoria sin opción a presentarse hasta el año que viene”. Esta situación, apuntan, “provoca la exclusión de muchos interesados que, al verse sin financiación, deciden no matricularse en un programa de doctorado”.
Un problema parecido tienen los investigadores postdoctorales de la UVigo que agotaron la modalidad A (los tres primeros años de contrato post-doc) y deben acudir a la convocatoria de la modalidad B (los dos últimos años de esta etapa), que en Vigo son cerca de una decena.
Todos los años suele retrasarse la convocatoria de la modalidad B –que se ha publicado en julio cuando debía haberlo hecho en abril–, pero hasta ahora se solventaba con un contrato puente. Sin embargo, este año, tras la reforma laboral, la fórmula por la que se optó fue prorrogar el contrato de la modalidad A. Lo que en su momento no les explicaron es que comenzaría a contar como parte de los dos años de la última etapa postdoctoral. “Creíamos que estábamos en una prórroga de la A, no en un anticipo de la B”, explican algunos de los afectados, que prefieren mantener el anonimato.
Esto tiene serias implicaciones en su carrera investigadora, pues están en desventaja con la promoción anterior, que disfrutó de los dos años íntegros, y tendrán menos tiempo para desarrollar las actividades investigadoras que planeaban llevar a cabo con esta segunda ayuda postdoctoral, por lo que piden que se haga justicia.
