La norma que inicia su tramitación parlamentaria prevé sanciones de hasta medio millón de euros
El Consejo de Ministros aprobó ayer a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma que decayó por la disolución de las Cortes Generales.
La ley contempla multas de entre 60.000 y 500.000 euros a restaurantes, bares y supermercados que tiren comida, entre otras medidas. El ministro Luis Planas subrayó la importancia de esta norma, y “el vigor y la actualidad del tema” que impulsa al Ejecutivo a dar “luz verde para que de nuevo inicie su camino parlamentario”.
Planas dijo que la ley se sustenta en “la eficiencia económica”, sin olvidar “el contenido ambiental” para luchar contra “la pérdida de recursos naturales”, así como “la justicia social” a favor de los más vulnerables y su “componente moral y ético”.
De este modo, destacó Planas, con esta normativa España se dota de un marco legal para el conjunto del Estado para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, con un enfoque centrado en la prevención y la concienciación de todos los actores de la cadena alimentaria. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas, pero además se considerará grave la segunda o ulterior falta que se cometa en un plazo de dos años.
También se establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario, siendo la prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos.
Donaciones
En el caso de la donación de los excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.
Según la Asociación Nacional de Alimentos (ANDAS), los bancos de alimentos pagan al año 3,5 millones de euros de IVA, al comprar alimentos para las personas más necesitadas, con las donaciones en metálico de los donantes particulares y de otras instituciones, un dinero que podrían utilizar en comprar más alimentos por lo que reclamaban eliminar el IVA a las donaciones de alimentos que hacen los ciudadanos. Sin embargo, en abril de 2023, el Congreso rechazó esta y otras enmiendas a la Ley, que quedaron pendientes de debatir en el Senado.
Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano -precisó el ministro-, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria y, ya como residuos, la obtención de compost o biocombustibles.
