El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entregó al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. “El Defensor del Pueblo entregó esta mañana al cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, el informe elaborado sobre los abusos sexuales”, informó la CEE a través de la red social “X” y confirmó el Defensor del Pueblo en un comunicado.
Fuentes de la CEE precisaron que el encuentro fue “cordial” y tuvo lugar antes de la reunión de la ejecutiva. Gabilondo presentó el informe el pasado 27 de octubre a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; y el pasado jueves hizo entrega del mismo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la Moncloa. De esta manera cumplía la encomienda recibida del Congreso de los Diputados, tras la aprobación de la Proposición no de Ley, el 10 de marzo de 2022, la cual establecía que el informe debía ser entregado a las Cortes Generales y al Gobierno de España.
El informe recoge que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, denunciaron abusos sexuales en la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por la institución. Además, el documento, de 777 páginas, incluye una encuesta demoscópica encargada a GAD3 que revela que un 0,6% de la población española dice haber sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes o religiosos en la infancia; un 1,13%, en el ámbito religioso y un 11,7% en todos los ámbitos, de ellas, un 3,36%, en el ámbito familiar.
Negación del problema
El informe apuntó que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, estuvo caracterizada “durante mucho tiempo” por “la negación o la minimización del problema”. En este sentido, señaló que algunas víctimas tuvieron que hacer frente no solo a la “negación y a la ocultación”, sino incluso a “presiones” de representantes de la misma en las que “se les culpabilizaba de los abusos sufridos”.
No obstante, al mismo tiempo, apuntó que también se detectaron buena prácticas en la Iglesia y reconoce “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.
Por otra parte, también criticó que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señaló que, solo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.
