El pleno de Barcelona aprobó ayer una proposición con contenido de declaración institucional del PSC (quien gobierna) que acuerda declarar “los efectos de un abuso” de los niños y adolescentes a las redes sociales como un problema de salud pública.
La proposición, contó con los votos a favor del gobierno, Junts, BComú, ERC y PP, y la abstención de Vox, también pide ofrecer orientación y digital a los menores, entidades y familias, además de crear una guía de buenas prácticas.
También insta a la Generalitat, al Gobierno y a la Unión Europea a impulsar “medidas oportunas” en salud pública y salud mental infantil y juvenil estableciendo controles públicos sobre los algoritmos que se desarrollan.
La concejal de Junts Titón Laïlla consideró que el uso de las pantallas no es sólo un problema de salud mental, sino “de salud en general”, y lamentó que el gobierno no la presente como una medida de gobierno, a lo que la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay respondió mostrando su compromiso para llevarlo a cabo.
Gemma Tarafa (BComú) pidió abordarlo de manera constructiva y con los jóvenes, aunque esperaba “una proposición más valiente”, y Rosa Suriñach (ERC) consideró que las empresas tecnológicas deben tomar responsabilidades.
