Un vecino de Redondela: “Si ahora me derriban la casa, no tengo donde vivir”

José Vieitez está a un paso de quedarse sin su casa. El redondelano, con vivienda en Millarada (Vilar de Infesta), lleva en litigios con la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) desde el año 2016 por unas obras en su casa que él nunca realizó y, ahora, la Justicia ha ordenado la demolición del inmueble. “Es el único sitio que tengo para vivir”, comenta Vieitez, muy afectado por una resolución que considera “muy injusta”.

Su historia, aunque empieza en el año 2016, puede remontarse al año 1995. En ese año, la vivienda en la que José vivía con sus padres, y que heredó de su madre Rosa, quedó en siniestro total por un incendio. “Mi madre estaba mayor y mi padre tenía problemas en una pierna, así que la reconstrucción de la casa tuvo que hacerse rápido. De los trámites y los planos se encargó la aseguradora del momento, así que encontrar esa documentación es imposible. ¡Hasta el contratista de esas obras murió!”, explica José. Vieitez también cuenta las escrituras del terreno con una vivienda a nombre de su abuela y de su madre y, además, posee papeles del Ministerio de Obras Públicas del momento que autorizan la ejecución de obras en la casa.

Ahora, tras ocho años peleando por su hogar, el Juzgado le da la razón a la APLU y obliga a José a derrumbar su casa por tener “obras en curso de ejecución”, haciendo referencia al estado inacabado del inmueble. “No solo se puede apreciar la carencia de revestimientos, ausencia de carpinterías en alguno de los huecos de fachadas, y una escalera de hormigón sin barandillas (…) El techo de la edificación es un simple forjado correspondiente a una planta que no se ejecutó, apreciándose los arranques de los pilares para la ejecución de una planta superior. (…) En definitiva, nos hallamos ante la estructura de una edificación en curso de ejecución, no ante una edificación terminada, ni interior ni exteriormente”, indica la sentencia del Juzgado administrativo Nº1 de Vigo, quien además señala que las obras “carecen de título habilitante y de licencia urbanística municipal y autonómica sobre terrenos clasificados como no urbanizable protegido de aeropuerto” al ser “obras destinadas a un uso prohibido en suelo rústico”.

Por su parte, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas asegura que, el caso de la vivienda de José Vieitez “no se ajusta a la legalidad porque estamos ante obras que todavía no habían finalizado, por lo que se ordenó su suspensión al margen de la situación personal del propietario”. Además, indican que al estar en suelo rústico sin una explotación agropeacuaria vinculada “la demolición es la única vía para reponer la legalidad urbanística vulnerada”.

“Estoy muy desilusionado. Si ahora me derriban la casa no tengo a donde ir ni donde vivir. Tengo una minusvalía y la pensión que recibo no me da para pagar un alquiler. Estoy desesperado”, narra José, que ya recurrió la sentencia en numerosas ocasiones ante la necesidad de mantener un hogar que ha permanecido igual desde que lo heredó.