País, que recurrirá la anulación de escuchas, guardó silencio por tercera vez ante el juez
El gerente de la constructora Eiriña, Enrique Alonso Pais, se acogió ayer a su derecho a no declarar, por tercera vez, ante la titular del juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, donde estaba citado en calidad de investigado en el marco de la “Operación Patos”.
El considerado 'conseguidor' y uno de los principales investigados en esta causa fue detenido en febrero de 2014 y, entonces (con la operación bajo secreto de sumario), se acogió a su derecho a no declarar. Posteriormente, fue citado en octubre de 2015 y, también esa ocasión, guardó silencio ante la jueza, y pidió que se anulasen las actuaciones en relación al acto de imputación y toma de declaración de octubre, alegando que no disponía de las grabaciones de las escuchas telefónicas ni se habían concretado las imputaciones.
El juzgado le trasladó el audio de las escuchas y le citó nuevamente para declarar este jueves, pero en todas las semanas que han transcurrido desde su comparecencia, su defensa dio un paso al frente en su estrategia, solicitando la nulidad de los pinchazos telefónicos por la ausencia física (en papel) de la resolución que las autorizaba, entre otros argumentos.
La jueza de Instrucción número 7 de Vigo rechazó esa pretensión en un auto en el que justifica la existencia de la autorización de las escuchas telefónicas en formato informático.
La defensa de Alonso Pais, que ayer guardó silencio por tercera vez, confirmó que recurrirá ese auto de la jueza María del Carmen García Campos, aunque no concretó si lo hará ante el propio juzgado o ante la Audiencia Provincial.
El próximo 7 de marzo está citado a declarar el socio de Alonso Pais en Eiriña, Jaime A.V. quien, previsiblemente, seguirá esta misma estrategia de acogerse a su derecho a no declarar.
El dueño de Eiriña está considerado por los instructores policiales de la causa como el "conseguidor" de una trama en la que el constructor usaba sus contactos en empresas y administraciones para amañar contratos públicos. Según los informes de la UDEF el empresario se adjudicaba obras públicas de forma irregular, en connivencia con funcionarios , y también se aprovechaba de sus influencias para beneficiar a terceros.
A raíz de las investigaciones fueron detenidas cinco personas y citadas a declarar en calidad de investigados medio centenar.n
