Fuerzas Armadas y Congreso dan la espalda al depuesto mandatario, detenido a las pocas horas
El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido ayer y trasladado a la sede de la prefectura de la Policía de Lima, poco después de ser destituido por el Congreso y de ser acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado.
Durante cerca de media hora se desconoció el paradero de Castillo, quien a primera hora de la mañana dictó el cierre del Congreso y el nombramiento de un gobierno de emergencia, una medida que fue tachada por la oposición y miembros de su gobierno, entre ellos la vicepresidenta Dina Boluarte -designada nueva presidenta-, como un golpe de Estado.
“Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado”, escribió la Policía minutos antes de confirmar la detención de Castillo.
Castillo había dictado disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia en su contra que podría haberle apartado de la jefatura del Estado.
“Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional”, dijo Castillo en un mensaje a la nación. Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses”.
La decisión de Castillo de cerrar el Parlamento y convocar un “Gobierno nacional de emergencia” recordó inevitablemente lo ocurrido el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori anunció en un mensaje a la nación la disolución del Congreso y la toma bajo su control de todos los poderes del Estado.
El denominado “autogolpe de Fujimori”, avalado por las Fuerzas Armadas, supuso la quiebra en el orden constitucional, algo que se repitió ayer, 30 años después, en opinión tanto de legisladores opositores como de parlamentarios que apoyaban a Castillo.
“Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales”, aseguró la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación ha respaldado habitualmente la permanencia de Castillo en el poder. “Es claramente un golpe al estilo del 92”, comentó en referencia a la acción de Fujimori, que actualmente cumple condena en prisión. Adiferencia de entonces, cuando los tanques de la División Blindada salieron a las calles de Lima y rodearon el Congreso de la República, el Palacio de Justicia y los edificios institucionales y los militares arrestaban a dirigentes opositores, en esta ocasión, las Fuerzas Armadas dieron la espalda a Castillo. En un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú expresó ayer su “respeto del orden constitucional establecido”.
El artículo 134 de la Constitución política establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado de su confianza a dos Consejos de Ministros. Tras “invocar a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas”, militares y policías recalcaron ayer que cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”.
En 1992, Fujimori fundamentó su decisión de constituir un “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” en que el Congreso era “obstruccionista” y le impedía gobernar. Aquel autogolpe contó con un gran apoyo popular, que una encuesta de la época cifró en el 80%, pero los ciudadanos también pedían elecciones parlamentarias anticipadas a fin de que se restituyera el sistema democrático cuanto antes. Ayer, poco después de anunciar el ejército la detención de Castillo, cientos de manifestantes salieron a celebrarlo a la calle.
