La declaración formal de que Ecuador vive un “conflicto armado interno”, tal como decretó el martes el presidente Daniel Noboa, evidenció hasta qué punto los grupos criminales extendieron su poder y su presencia, palpable tanto en el sistema penitenciario como en las calles de algunas ciudades como Guayaquil, y que se tradujo en niveles de homicidios sin precedentes históricos.
La inestabilidad política y económica de los últimos años terminó de convertir a Ecuador, considerado en su día como un diamante en bruto de América Latina, en el país más violento de toda la región. El año 2023 cerró con unas 7.600 muertes violentas, lo que equivale a una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La tasa se dispara en ciertas provincias y, de hecho, países como España recomiendan evitar los viajes a las regiones de Guayas y Esmeraldas, consideradas el epicentro de la criminalidad. En el barrio de Nueva Prosperina, en Guayaquil, el índice de homicidios asciende a 114 muertes por cada 100.000 habitantes.
Ecuador, no en vano, es un país clave en la ruta del narcotráfico en Estados Unidos y en los últimos años los grupos locales estrecharon lazos con cárteles de países como México y Colombia, sin que las fuerzas de seguridad ecuatorianas lograsen encontrar la fórmula de contener su constante expansión. El domingo, las autoridades confirmaron la desaparición de la cárcel de uno de los grandes símbolos de esta red delincuencial. José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros y señalado como autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavivencio.
Estado de Excepción
La fuga de quien estaba considerado el hombre más peligroso del país evidenció de nuevo las grietas del sistema y llevó a Noboa a declarar el lunes el estado de excepción. “Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer”, proclamó, en un discurso a la nación en el que atribuyó una ola de motines en cárceles precisamente a la decisión de las actuales autoridades de hacerles frente. El estado de excepción, en vigor durante 60 días, implica la movilización de la Policía y las Fuerzas Armadas y lleva aparejada un límite de ciertos derechos y libertades, por ejemplo con la imposición de un toque de queda que limita la movilidad de la ciudadanía entre las 23.00 y las 5.00 horas.
Lo que terminó dando la vuelta al mundo fueron las imágenes de un comando de encapuchados armados tomando la sede de la cadena TC Televisión, en el norte de Guayaquil. La Fiscalía informó de que procesará a 13 personas por terrorismo por este asalto, que concluyó sin víctimas tras una intervención de la Policía.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, advirtió en un mensaje a la nación de que “todo grupo terrorista mencionado en el decreto es un objetivo militar”. Unos 47.000 uniformados están a disposición de la Presidencia para ejercer actividades de control y seguridad en todo el país.
