Miles de personas se manifestaron en varios puntos de Argentina por segunda noche consecutiva en protesta por las medidas económicas anunciadas por el presidente del país, Javier Milei. Los asistentes a las marchas acudieron al Congreso, donde golpearon sus cacerolas, y a la Plaza de Mayo, lugar en el que la Asociación de Licenciados de Enfermería realizaban una “marcha de antorchas” en reclamo de su reconocimiento profesional y en contra del decreto del mandatario.
También se manifestaron en la ciudad de Viedma y en distintas localidades de la provincia de Jujuy, que consideraron que se trata de “un golpe de Estado contra los intereses nacionales”, según informó la agencia de noticias argentina Télam. Las protestas contra el DNU se replicaban en las localidades bonaerenses de Morón y San Miguel, y en las ciudades de Mar de Ajo, Rosario, Mar del Plata, Bariloche, Ushuaia, Córdoba, Junín, Resistencia, entre otras.
Horas antes, Milei afirmó que el decreto de medidas de desregulación económica va “en favor de la gente” y criticó a quienes salieron a protestar a las calles, alegando que sufren “síndrome de Estocolmo” hacia el anterior Gobierno, liderado por el peronista Alberto Fernández. El Gobierno prometió además endurecer las medidas contra posibles piquetes, bajo la consigna de “el que corta, no cobra”, que plantea recortes de ayudas para las personas que puedan bloquear las calles.
Por su parte, el Gobierno de Argentina solicitó a las fuerzas de seguridad que determinen cuáles fueron los gastos del despliegue policial activado frente a las protestas, con vistas a que sean las organizaciones convocantes quienes se hiciesen cargo de estos costes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, suscribió una resolución para que la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal planteen una estimación conjunta, teniendo en cuenta gastos como el combustible utilizado o la remuneración de los efectivos.
El protocolo impulsado por el Ejecutivo de Javier Milei abre la puerta a emprender acciones legales contra organizaciones sociales o personas a título individual a las que se le puedan atribuir las protestas si se entienden como “actos ilegítimos, según la agencia de noticias Télam. “Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables”, rezó el texto.
