La Xunta da el visto bueno al anteproyecto de ley para controlar el litoral gallego
Su aprobación permitirá regularizar edificaciones e instalaciones ya existentes en la franja costera, así como la instalación de parques eólicos marinos
La Xunta ha iniciado los trámites para que Galicia se convierta el próximo año en la "primera comunidad" que regula la franja costera frente a la normativa del Gobierno central, que considera que solo aporta "inseguridad jurídica" y falta de "concreción".
Así lo ha asegurado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras la reunión semanal del Gobierno gallego, en la que ha recordado que Galicia ha reclamado al Estado la gestión de su dominio público-marítimo terrestre y "no tiene respuesta", por lo que espera que el Ejecutivo central no recurra esta normativa.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha asegurado en la misma comparecencia de prensa que esta normativa tiene dos principios inspiradores: "regular la franja litoral desde Galicia" y "dar seguridad jurídica a los titulares de instalaciones que lícitamente están en dominio público".
De este modo establece por primera vez actividades "estratégicas" en la costa, entre ellas establecimientos de turismo litoral, como hoteles, siempre que sean en edificaciones "preexistentes", de las que la Xunta tiene catalogadas unas 300.
"No tiene sentido que tengamos unas instalaciones fantásticas que, ahora mismo, por distintas causas, su actividad ya no se está llevando a cabo. La intención es darles una segunda vida, y eso supone en muchos de los casos destinarlas al ámbito hotelero", ha argumentado la conselleira.
También ha defendido que "no debería de haber ningún tipo de conflicto" competencial con el Estado, ya que "esta es una ley que no va contra nadie, sino que es una ley de Galicia para los gallegos".
Frente a la falta de concreción del Ejecutivo central y su pretensión de que la costa en 2045 esté "totalmente libre", Vázquez ha defendido la "concreción" de la Xunta sobre las actividades que van a estar permitidas en dominio público marítimo-terrestre.
Así, se permitirán los establecimientos de la cadena mar-industria, la actividades vinculadas a la interacción entre el puerto y la ciudad, las dotaciones públicas esenciales para abastecimiento, saneamiento y depuración, las infraestructuras energéticas y las instalaciones de generación eléctrica que tengan que ocupar el mar, como las eólicas.
La nueva normativa distingue tres áreas costeras que son, de mayor a menor protección: la de protección ambiental (APA), en la que será "incompatible" cualquier desarrollo urbanístico; la de mejora ambiental y paisajística (AMA), en la que se garantizará un actividad económica compatible con el litoral; y el área de reordenación (ARA).
Esta última integra los espacios ya urbanizados, como el dominio público portuario y la zona de servidumbre de protección de 20 metros, que la Xunta considera que no tiene sentido "renaturalizar" como pretende el Gobierno.
La futura ley regula hasta siete "usos estratégicos" que incluyen, aparte de los de la cadena mar-industria, los centros de investigación científica, las sendas litorales, o los establecimientos de turismo litoral "preexistentes" que tengan valor cultural, entre otros.
Además, la normativa incluirá tres nuevos instrumentos, un informe de compatibilidad con las estrategias marinas, el informe autonómico de resiliencia costera y el informe de sosteniblidad económica y social.
Ahora el anteproyecto se va a someter a información pública durante 30 días, antes de ser aprobado por el Consello de la Xunta en el primer trimestre de 2023 e iniciar su tramitación parlamentaria para ser aprobada el próximo año.
Por otra parte, tras el Consello de este jueves Rueda ha valorado la aprobación ayer en el Congreso de una iniciativa del PP en la que insta al Gobierno a congelar los peajes en la AP-9 y la AP-53, ya que "si se confirma" esta medida es "para celebrarla".
El presidente gallego ha argumentado que "si se da a otras comunidades autónomas 900 millones de euros en infraestructuras no tiene ningún sentido negar a Galicia" una medida que puede suponer unos 15 millones. "Si es así lo celebramos y es el camino", ha concluido a este respecto
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