La valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, hizo un llamamiento a las administraciones y los poderes públicos a reforzar la atención hacia las personas mayores, a las que señaló como el “colectivo más afectado” por la pandemia de covid-19 y cree que necesitan que se vele por sus derechos a través de medidas correctoras de la brecha digital.
Esta es una de las principales reflexiones extraídas por la titular del alto comisionado del Parlamento de Galicia de la actividad de la institución del año 2022, cuyo informe fue presentado por la propia Fernández Galiño ayer en la sede del Valedor en Santiago, donde también puso el foco en la necesidad de que se reconozca por ley como feminicidio los crímenes de mujeres que se cometen fuera del ámbito de la pareja. La valedora destacó un incremento de la actividad “en todos los parámetros”, tendencia que se consolidó en los últimos cuatro años con un aumento “estructural y paulatino” de las quejas recibidas al pasar de las 2.276 gestionadas en 2019 a las 4.634 de 2022.
También multiplicaron por cinco las resoluciones emitidas por la institución en ese período al haber alcanzado el pasado año las 503 cuando en 2019 hubo 95. Sobre esto, Fernández Galiño subrayó que este incremento de la actividad “es posible” gracias a la colaboración de las administraciones, dado que es necesario recibir la respuesta de la entidad apelada para que el Valedor pueda concluir el asunto.
Número de asuntos
El número de asuntos gestinados en el último ejercicio completo fue de 3.958, 22 más con una media de 330 ingresos al mes. Respecto a 2021 también se doblaron los expedientes atendidos al pasar de 10.736 a 16.143 y hubo un aumento de más de 6.000 actuaciones iniciadas desde el Valedor -25.551 por las 19.544-.
La mayoría de los asuntos siguen teniendo como administración implicada a la Xunta, de entre los que casi la mitad están dirigidas a la consellería de Sanidade, si bien la valedora destacó una caída de los expedientes y quejas vinculadas a la remisión de los efectos de la pandemia de covid-19. Por áreas, el 17% tuvieron que ver con asuntos de índole sanitaria, mientras que el 11% se dirigieron a entidades locales y servicios municipales, porcentaje similar a los asuntos tramitados por peticiones de transparencia. Además, uno de cada diez fueron por motivos de inclusión social y otros tantos por empleo público y trabajo. El informe también revela la apertura de 91 actuaciones de oficio, la mitad (47) relacionadas con la inclusión social. Medio ambiente (17), vivienda y deshaucios (12), igualdad (6) y sanidad (4) fueron otros de los asuntos sobre los que inició procedimientos de “motu proprio” la valedora.
Fernández Galiño incidió en la importancia de que las instituciones y administraciones respondan “con más derechos humanos” a la situación de “crisis permanente” o “permacrisis” que percibe a nivel social y que ve preciso afrontar con el compromiso de los poderes públicos como “garante” de la lucha contra la discriminación, la promoción de la igualdad y la protección a los colectivos más vulnerables.
Personas mayores
Uno de las áreas en las que Fernández Galiño se destuvo fue la situación de los derechos de las personas mayores, que considera que están amenazadas por un contexto de evolución digital que deja atrás a quien “no puede” o “no quiere” ser atendido de forma telemática o por vía electrónica. “La atención telemática es un derecho, no puede ser una obligación”, sentenció la valedora, que señaló que doce de las 91 actuaciones de oficio iniciadas en 2022 estuvieron relacionadas con derechos de las personas mayores en asuntos como la atención presencial, el cierre de oficinas bancarias en el rural, la atención a la dependencia y los desahucios.
“Las personas mayores tienen derecho a que se reconozcan sus derechos y a vivir con dignidad”, sentenció Fernández Galiño después de incidir en que el aumento de la longevidad tiene que ser entendido como un “desafío” para las administraciones.
