La valedora aboga por una sociedad poscovid más justa

La valedora do pobo, Dolores Fernández Galiño, abogó ayer por una sociedad más justa con los colectivos de personas más desfavorecidas que la existente antes de la pandemia de la covid-19.

En el transcurso de su comparecencia en la Comisión de Peticiones del Parlamento de Galicia para presentar el informe anual de la institución correspondiente al año 2020, Fernández Galiño afirmó que “las dificultades en la defensa de los derechos humanos no nos deben llevar al desánimo sino a reforzar nuestro compromiso”. Calificó el año 2020 como de enorme dureza para la sociedad en general y también para las administraciones al tener que hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias sociales y económicas. Un año, señaló, “difícil para los derechos humanos” que obligó a la institución del Valedor do Pobo y a todas las administraciones “a responder con el mismo compromiso que puso de manifiesto la sociedad”, destacó.

La situación generada por la pandemia, expuso la valedora, obligó a incidir especialmente desde la institución que dirige en aspectos como “el sistema sanitario, los servicios sociales, trabajo decente o la brecha digital”, entre otros. Se refirió también al incremento que experimentaron como consecuencia del confinamiento las comunicaciones virtuales, algo que hizo más visible la “brecha digital que sufren muchas personas: las mujeres, las personas mayores, las personas que viven en zonas rurales y costeras no urbanas, y las familias con escasos ingresos”. Incidió, por ello, en que “la realidad poscovid debe ser mejor que la realidad previa; debe ser una realidad y una sociedad más justa que preste atención a las personas más vulnerables y a los colectivos desfavorecidos”.

Fernández Galiño explicó que la situación generada por la pandemia obligó a abrir desde la institución varias investigaciones de oficio, “guiadas siempre por la prudencia para preservar el adecuado equilibrio entre la garantía de los derechos y la defensa de las personas, por una parte, y la necesidad de no sobrecargar con trámites e informes a las administraciones, apremiadas por urgencias de todo tipo y concentradas en la atención sanitaria de la población y en prevenir la transmisión del coronavirus”. Destacó igualmente el incremento de la carga de trabajo, y puso como ejemplo, en términos cuantitativos, el aumento muy sustancial del número de asuntos en un 28%, al pasar de 2.276 en el año 2019 a 2.912 en el año 2020. En especial en las áreas relacionadas con los servicios públicos esenciales, como sanidad, educación, empleo público e inclusión social, debido a la incidencia de la covid-19.

Por áreas, según el informe anual, la sanidad volvió a ser el departamento que más asuntos trató la institución del Valedor do Pobo, con un 33 por ciento del total, siguiéndole a este el área de política social con un 19 % y educación con un 13%. El documento también refleja que se incrementó el número de mujeres que acuden al Valedor do Pobo para promover quejas, ya que en 2020 fueron 2.994 las que acudieron, lo que supone el 56,40% del total.

TRABAJO Y COLABORACIÓN

Los representantes de los grupos parlamentarios destacaron el trabajo de la institución comisionada. La diputada del PPdeG Paula Prado destacó la “buena dinámica de trabajo” en la relación entre el Valedor do Pobo y las administraciones, que no la vieron como “una policía, sino colaborativa”. El diputado del BNG Daniel Castro puso el acento en la necesidad de reforzar la “defensoría en el mundo rural”, mientras la socialista Noelia Otero pedía “ambición” para la resolución de los problemas de los gallegos en este contexto de desastre por la pandemia.