El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, consideró “injusto” el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que avaló que se tributen en el Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) las denominadas “herencias en vida” al considerar que no hay doble imposición porque la capacidad económica que tributa en dicho impuesto es distinta de la gravada en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Al tiempo, preguntado sobre si se plantea buscar alguna vía para compensar a quienes puedan sufrir el impacto de esta decisión mediante la normativa autonómica, abrió la puerta a estudiar “si hay posibilidades” de articular compensaciones para los “afectados”.
En concreto, en la pasada jornada se hizo público que los magistrados del Pleno del TC desestimaron el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta contra la tributación en el IRPF de los bienes recibidos en virtud de pactos y contratos sucesorios, en los que una persona entrega en vida a uno de sus herederos unos determinados bienes a cambio de no heredarle el día de mañana.
Fue en mayo de 2022 cuando el órgano de garantías admitió a trámite el recurso de la Xunta con la ley estatal de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que obliga a pagar los correspondientes impuestos por bienes de herencias en vida de hasta un millón de euros que se vendan antes de cinco años.
En 2021, el Gobierno y la Xunta accedieron a negociar en relación a las discrepancias manifestadas por el artículo tercero de esta ley, que modifica cuestiones relacionadas con el IRPF, así como con la disposición transitoria primera 4 sobre la entrada en vigor de la reforma. Sin embargo, no se alcanzó acuerdo, y el asunto acabó en el Constitucional.
A preguntas de los medios, tras la reunión semanal de su Ejecutivo, Rueda aseguró que, “desde el respeto”, lamenta la decisión del TC e incidió en que “muchísimas personas” se acogieron a un modelo que identificó como “una institución del derecho civil gallego”. La Xunta calcula que los potenciales afectados por esta decisión rozan los 200.000 (los que se acogieron a pactos sucesorios desde 2016 hasta 2021, cuando la ley estatal vetó los beneficios fiscales de este modelo).
“Creemos que es injusto equiparar las donaciones con pactos sucesorios y que supone doble imposición para muchas familias gallegas”, afeó Rueda, quien incidió en que “se presupone un afán defraudador” de los miles de gallegos que se acogen a este modelo.
“Lamentamos una subida fiscal impulsada por el Gobierno central que afectará a muchos gallegos y que va en contra de una institución de nuestro derecho civil”, remarcó, antes de insistir en que los juristas de la Xunta “veían argumentos jurídicos” sólidos para sustentar el recurso autonómico. “Los dos votos particulares del TC lo confirman”, apostilló.
Preguntado sobre si se plantea impulsar cambios en la normativa fiscal autonómica para compensar los efectos de la decisión del TC, Rueda replicó que “la solución normal” era que el Gobierno atendiera a los planteamientos de la Xunta, y recordó que él mismo participó en alguna comisión bilateral encaminada a ello, que no dio resultados positivos.
