El Sergas contrató a 610 interinos para hacer frente al covid en 2020

El personal del Sergas interino aumentó en 610 personas y se perdieron 366 efectivoscon plaza

Agencias

Publicado: 31 jul 2022 - 23:32 Actualizado: 01 ago 2022 - 11:46

Una persona acude a realizarse un test de antígenos en Monforte de Lemos.
Una persona acude a realizarse un test de antígenos en Monforte de Lemos.

La pandemia del SARS-Cov-2 centró los esfuerzos de la Administración autonómica durante el año 2020, en que el Fondo Covid-19 del Estado le reportó más de 700 millones de euros, de los cuales más de 400 se dirigían a medidas específicas para la sanidad. El primer año de covid-19, el Sergas tuvo que reforzar las plantillas ante la situación sanitaria que luego devendría, ya en 2021, en un amplio dispositivo de vacunación.

Según recoge el informe de fiscalización del Sergas elaborado por el Consello de Contas, y entregado el pasado viernes en el Parlamento de Galicia, los refuerzos de personal por el covid supusieron 63,5 millones de euros en un año en que el personal interino aumentó en 610 personas, mientras que se perdieron 366 efectivos medios con plaza en propiedad.

Del mismo documento, se desprende que el número medio de profesionales que prestó servicio en el organismo autónomo durante el año 2020 fue de 41.490, lo que supone un 4% más que el año anterior. De ellos, 31.153 (75%) se corresponden a atención especializada y 8.823 (21%) a atención primaria.

Contratos temporales

En cuanto a las contrataciones temporales de eventuales y sustitutos, aumentaron en 1.429 efectivos con respecto al ejercicio de 2019, motivado, recoge el informe, por las necesidades derivadas de la pandemia.

En términos porcentuales, la variación de personal supuso un incremento del 4,2%. No obstante, los índices de temporalidad “aumentaron notablemente”, un 48% en atención especializada y un 30% en primaria, con un aumento de dos puntos en ambos casos en la comparativa interanual.

Contas hace una “mención especial” a la variación interanual de la temporalidad motivada por el covid en el ejercicio de 2020, cuyo incremento ascendió a un 30% en personal eventual, un 8% en interino y un 3,7% en personal sustituto. eLcovid-19 también tuvo impacto en la actividad asistencial, que se vio “afectada de forma significativa por la pandemia”, experimentando disminuciones significativas en urgencias (25%), cirugía ambulatoria (25%) y cirugía con ingreso (17%), así como consultas (16%). Los tiempos de espera se incrementaron significativamente con respecto al año anterior en las áreas de cirugía (33%), consultas externas (19%) y pruebas diagnósticas (56%).

Además de las recomendaciones que se mantienen vigentes, como la aclaración total de los conciertos del Sergas (pendiente de aplicación en su totalidad), el Consello de Contas solicita a este organismo dependiente de la Consellería de Sanidade que, “en cumplimiento del principio de transparencia y de una mejor rendición de cuentas”, recoja en su memoria “una amplia información sobre impactos económico-financieros como asistenciales”.

Contas demanda a la Xunta “transparencia financiera”

El Consello de Contas pide a la Xunta “transparencia financiera” de las entidades en las que sea o bien accionista o bien socio de referencia, aunque no posea la mayoría de capital social, con el objetivo de que estas entidades sean sometidas a control y supervisión pública.

Se trata de una nueva recomendación recogida en el informe de fiscalización del Consello de Contas, y que fue entregado por el conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo, el pasado viernes al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, en la Cámara autonómica.

Asimismo, en el informe se recogen las recomendaciones aceptadas por la Xunta pendientes de aplicación, de las que Contas hace su recopilación. Así, recuerda la necesidad de poner en marcha el registro de las entidades, prevista en la Ley de organización y funcionamiento de la administración general (Lofaxga), “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor”. Asimismo, reclama que se establezcan sistemas de identificación de las entidades que puedan reunir los requisitos legales para ser considerados integrantes del sector público autonómico y de los entes adscritos.

Otras medidas pendientes son que se deposite en el registro las cuentas anuales para su remisión al ente fiscalizador e incluir en la memoria de los organismos autónomos la información prevista en el plan público, con el fin de puedan “explicar, comentar y ampliar la información” de los estados contables restantes.

También falta por elaborar instrucciones, guías y resoluciones que desarrollen la normativa contable, en particular, desarrollar el formato y contenido de la información económico-financiera que deben aportar las entidades.

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