Ángel Martínez Pérez, Lito, dejó de pagar 326.000 euros a Hacienda por las rentas de 2011 y 2012
La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra condenó a Ángel Martínez Pérez, Lito, conocido como el rey de las orquestas en Galicia, a dos años y tres meses de cárcel por no declarar 326.374 euros correspondientes al IVA de los años 2011 y 2012, cuando la compañía que presidía tuvo unos ingresos de más de 2,5 millones. Este empresario que representaba a orquestas y artistas por Galicia también fue condenado al pago de una multa de 340.000 euros. Además, el tribunal le ha impuesto la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años.
El sospechoso fue sentenciado como autor de dos delitos de defraudación tributaria, si bien cuenta con atenuante de dilaciones indebidas. La Audiencia también condenó a la empresa que presidía el investigado, Representaciones Lito, como autora de dos delitos de defraudación tributaria, con la atenuante de dilaciones indebidas, al pago de una multa de 340.000 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas.
Paralelamente, los magistrados también impusieron al condenado y a su empresa el abono de una indemnización a la Agencia Tributaria de otros 326.374 euros.
Durante el juicio, la defensa de Lito alegó que el acusado contaba con una patología neurológica degenerativa, pero la vista se celebró tras un informe forense, aunque el empresario se acogió a su derecho a no declarar. Ahora, el tribunal concluyó en la sentencia que el acusado pudo ejercitar su derecho de defensa. Subraya que los informes periciales indican que en el momento en el que se celebró el juicio “tenía aminoradas sus capacidades de comprensión y de expresión, pero no limitadas, lo que supone que se debería hacer un especial esfuerzo para garantizar su derecho de defensa, tanto en el modo de efectuar las preguntas como en el tiempo para poder contestarlas, pero tal limitación no le impedía preparar su defensa antes del juicio ni durante este”. Por ello, la Audiencia de Pontevedra entiende que tanto entonces como en la actualidad, tiene capacidad procesal.
Por otra parte, los magistrados señalan que los funcionarios de la Agencia Tributaria que registraron las oficinas de la empresa investigada no estaban autorizados a recoger soportes documentales relativos al impuesto de la renta, lo que supone la absolución del delito imputado en relación con este impuesto.
La Audiencia pontevedresa había condenado a Ángel Martínez a 12 años de prisión por estos hechos, pero el Supremo anuló posteriormente la sentencia y obligó a repetir el juicio al entender que la empresa debía tener su propia representación legal en el proceso, que hasta entonces coincidía con la del acusado.
