La ley de universidades, norma que "nos aleja más de Europa"

El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, dijo ayer que la nueva ley de Universidades, que el Congreso acaba de aprobar por mayoría absoluta, va a separar al sistema universitario español de Europa, porque “impide” que haya una participación de la sociedad civil en cuestiones de gobernanza. Durante la presentación de la cátedra institucional de patrimonio cultural digital, Rodríguez señaló que el Gobierno central está llevando a cabo “una auténtica motorización legislativa”, proponiendo cambios “en todas las áreas educativas de España”, todo ello “sin la necesaria reflexión y sin la participación de los agentes que intervienen en el proceso educativo”, en concreto, sin contar con las comunidades autónomas.

“Esta nueva ley nos va a separar de Europa, de las principales tendencias europeas en el ámbito de la gobernanza de la universidad”, resumió el conselleiro.

Y además apuntó que la reforma “denota un escaso compromiso político y económico”, porque pese a que fija un nivel mínimo de inversión, estipulado en el 1% del PIB, “el Estado no aporta nada y le pone deberes a otras administraciones”.

Rodríguez también señaló que se trata de una norma que “abre la puerta a que se fragmente el sistema universitario español” desde la perspectiva organizativa, puesto que “bajo una pretendida autonomía universitaria”, lo que hace es “una delegación de funciones”, posibilitando que “podamos tener 50 modelos de gobernanza diferentes en las universidades españolas”.

“Es una oportunidad perdida que solo responde a un interés por parte del Gobierno del Estado por cambiar todos los marcos normativos”, manifestó.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) se aprobó ayer en el Congreso con 182 votos a favor (PSOE, PNV, ERC, CC, Más País, Unidas Podemos, Teruel Existe, Compromís y PdeCat) y 157 en contra (PP, Ciudadanos, Vox, Navarra Suma, Foro Asturias, BNG y Partido Regionalista de Cantabria). Junts per Catalunya y Bildu se abstuvieron.

La reforma universitaria aprobada de modo definitivo ayer en el Congreso, que no impone soluciones ni traza caminos concretos a las universidades, impide subir los precios a los estudiantes, reconoce por primera vez el paro académico y abre vías de entrada al profesorado contratado en condiciones precarias.

Después de tres años de negociación, la ley sale adelante con múltiples cambios desde el primer borrador pergeñado por el ministro Manuel Castells, quien renunció al cargo por problemas de salud, y el texto saliente del equipo de Joan Subirats, menos reglamentista, por 182 votos a favor, 157 en contra y ocho abstenciones.