El miércoles 5 de octubre arranca el juicio por el accidente ferroviario más grave de la democracia española, el del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 provocó 80 muertos y 145 heridos en el barrio compostelano de Angrois. Casi una década después de lo ocurrido se sentarán en el banquillo de los acusados el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif, a los que la justicia imputa 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave. Para ello, y teniendo en cuenta el elevado número de partes personadas, la Xunta ha habilitado un amplio dispositivo en la Cidade da Cultura, con el objetivo de favorecer tanto la presencia de los interesados como la cobertura informativa.
La Fiscalía pide para el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif cuatro años de prisión, al igual que la plataforma que representa a la mayoría de las víctimas del accidente. Además, el Ministerio Público demanda que el maquinista, Francisco Garzón, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena y que el otro acusado, Andrés Cortabitarte, sea inhabilitado, durante el mismo periodo, para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.
RECLAMACIÓN POR DAÑOS
La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a unos 57,69 millones de euros. Las personas y entidades contra las que se dirige la acción civil dentro del proceso penal son QBE (aseguradora de Renfe), Allianz Global Corporate & Speciality (aseguradora de Adif), Renfe y Adif, el maquinista del tren y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de los hechos.
Por su parte, el abogado que defiende a Francisco Garzón, el conductor del tren aquella jornada, solicita la libre absolución, al entender que “la clave” para que se produjera el siniestro está en la “carencia de un análisis de riesgo y medidas de seguridad” en la línea entre Ourense y Santiago. Garzón, recientemente prejubilado, estuvo de baja por accidente laboral desde que se produjo la tragedia, el 24 de julio de 2013, hasta 2015, cuando se reincorporó a Renfe en tareas de gestión en talleres de material rodante.
También rechaza responsabilidades la defensa del otro acusado, Andrés Cortabitarte, que estaba al frente de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif cuando se puso en servicio la línea (lo estuvo de 2006 a 2013). Después, Cortabitarte fue reubicado por la empresa pública, pero se mantuvo en puestos de dirección hasta mayo de 2021, cuando presentó su renuncia y pasó a tener la categoría de técnico especialista, con la que accedió a su plaza.
Un mes antes, en abril del año pasado, la Audiencia de A Coruña ratificó el cierre de la instrucción por parte del juez Andrés Lago Louro, que heredó la causa de Luis Aláez -quien en su día imputó a la cúpula de Adif-. Lago Louro dio por primera vez carpetazo a esta larga investigación, con múltiples retrasos, en octubre de 2015 y lo hizo con el maquinista como único imputado. Sin embargo, los magistrados de la Audiencia le marcaron otro camino y en diciembre de 2018 volvió a cerrarla ya con Garzón y Cortabitarte como presuntos responsables.
Una denuncia de un extrabajador de Talgo obligó a reabrir la causa, que el instructor concluyó, ya de manera definitiva, en septiembre de 2020. De julio de 2021 es el auto de apertura de juicio oral.
El portavoz de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, dice que buscan es “que la gente conozca la verdad” de lo sucedido, “a mayores de depurar responsabilidades”.
