El Gobierno recurre la ley del litoral de Galicia para "velar por la Constitución"

El Gobierno en funciones presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la “Ley 4/2023 de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral en Galicia”, porque “invade competencias estatales” en distintos ámbitos y porque “incorpora de manera unilateral el mar” a su territorio. El anuncio lo hizo ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. La portavoz detalló que el recurso se interpone una vez escuchado y “avalado” por el Consejo de Estado.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reaccionó inmediatamente a este anuncio señalando que “parece de broma” que se haga un recurso contra una comunidad “tan respetuosa” como Galicia y “con la que está cayendo” en relación a la amnistía que negocian los independentistas con el candidato del PSOE, Pedro Sánchez. Desde Madrid, donde se reunió con el ministro de Industria, Héctor Gómez, Rueda dijo sobre la decisión del Gobierno que “no la entendemos ni nos gusta” y denunció que se tomase “sin ninguna comunicación previa” a la Xunta y en base a un dictamen del Consejo de Estado que no conocen, además de hacerlo en el límite para poder recurrirlo.

El presidente gallego intistió en que “no es una ley política”, sino una norma “de gestión de algo tan importante como la costa”, cargando contra los argumentos del Gobierno central de “salvaguardar” la ley en todo el territorio nacional.

Argumentos

La ministra portavoz explicó tras el Consejo de Ministros que “es un recurso muy amplio porque impugna hasta 31 artículos de esta ley, lo que supone un 40% de la misma”, y añadió que el objeto es “declarar inconstitucional todos estos artículos, en su mayoría, con el aval del Consejo de Estado”. Isabel Rodríguez recordó que es “obligación” del Gobierno “velar y defender el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio, también en Galicia”, y explicó que el dictamen del Consejo de Estado fue emitido el pasado 21 de septiembre.

En relación con los distintos argumentos jurídicos, la portavoz del Gobierno ha puesto de relieve que la ley gallega, “y no existe ninguna duda” en torno a ello en el dictamen del Consejo de Estado, “se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre”. “Hay reiterada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto”, recalcó. Por otro lado, según Rodríguez, la norma “incorpora de manera unilateral el mar al territorio de la comunidad autónoma de Galicia” y “reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar”. “Las comunidades autónomas pueden ir más allá de la protección del litoral, pero nunca ir a menos en la protección de sus costas”, dijo.

“Siempre se puede establecer un nivel de protección superior a la ley básica, pero nunca disminuir esa protección del territorio y es lo que también se produce en la redacción de esta ley”, manifestó la ministra, al tiempo que apuntó que “Galicia se atribuye además competencias propias que no estaban previstas en su Estatuto”.

El Parlamento de Galicia aprobó en julio la nueva ley del litoral -con votos a favor del PP y abstención del BNG y PSdeG-, que contempla la asunción por parte de la Xunta de las competencias en gestión del espacio marítimo terrestre, que defiende que están definidas en el Estatuto de Autonomía y que el Gobierno gallego quiere empezar a ejercer una vez reciba los medios.

Fuentes del Ejecutivo gallego indicaron ayer que el recurso se basa en un informe del Consejo de Estado que “no conoce” la Xunta. Además, remarcan que el Gobierno central esperó “hasta el último momento” para esta decisión, dado que el plazo expiraba el viernes. Rueda defendió la constitucionalidad de la ley después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llegase a afirmar a principios de este año que constituía “casi una declaración de independencia”.