La ley que partió del Parlamento gallego en busca del traspaso a la Xunta de la titularidad de la Autopista del Atlántico (AP-9) podrá avanzar, ya que su tramitación fue aceptada ayer por la amplia mayoría del Congreso, contando con el respaldo de los representantes de las distintas fuerzas a excepción de los 51 votos emitidos por Vox.
Los sangrantes peajes de la autopista del Atlántico saltaban así la Comunidad para escucharse alto y claro en el Congreso. Sus señorías habían oído hablar de una de las autopistas más caras de España, pero probablemente no eran conscientes del desembolso que supone para los gallegos utilizar su servicio, -imprescindible para muchos-, como tampoco se imaginaban que esta concesión podía prolongarse hasta 2048. Un triste récord nacional. Es por eso que se daba ayer en el Congreso uno de esos escasos momentos en los que todas las fuerzas políticas se ponían de acuerdo y presentando una proposición de Ley para revertir esta absurda e ilegal situación.
Tres diputados del arco parlamentario autonómico viajaban ayer a Madrid para ocupar la tribuna de oradores y reclamar la transferencia de la titularidad y las competencias de esta vía, así como los medios materiales y presupuestarios necesarios para su gestión.
4 Gonzalo Caballero, en representación del PSOE era el primero en tomar la palabra para recordar que la AP-9 tiene un coste de 22,30 euros para quien tenga que hacer el recorrido Vigo-A Coruña, una cantidad que supone unos ingresos de 300.000 euros diarios para la concesionaria y 130 millones de euros anuales. "Son cantidades inadmisibles, que lastran a las empresas gallegas e impiden la movilidad de nuestros ciudadanos, porque no todos pueden permitírselo".
diferencias de gobierno
Hasta aquí todos de acuerdo. A partir de este momento comenzaron en el pleno los cruces de acusaciones sobre cómo y quién ha permitido que esta situación se prolongue hasta nuestros días. Caballero lo tiene claro. "Mientras otras autopistas de la misma época han regresado al ámbito de lo publico y se han levantado los peajes, el gobierno presidido por José María Aznar decidió prorrogar la concesión de la AP-9 hasta el año 2048". Por el contrario el portavoz socialista destacaba el compromiso del Gobierno central que en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incorpora 63 millones de euros en bonificaciones para acometer rebajas en los peajes. Y concluyó aseverando que la posición de los socialistas gallegos no es romper España, sino "fortalecerla en su diversidad", como tampoco quieren vaciar al Estado de competencias, sino construir un Estado eficiente, responsable y moderno.
4 El diputado del PP y vicepresidente del Parlamento gallego, Diego Calvo, aseguró por su parte que que la Xunta “puede gestionar esta autopista con mayor eficacia de lo que lo está haciendo el Estado, porque conoce el territorio, está más próxima a las necesidades y a las realidades de los usuarios”.
El diputado popular lamentó que “en el mes de enero, por cuarto año
consecutivo, la AP-9 ha sido la autopista que más ha incrementado sus peajes”, y aseguró que “difícilmente un gobierno gallego habría autorizado una subida de peajes teniendo sobre la mesa un informe del Consejo Consultivo, ni hubiera aprobado esta subida sabiendo que es nula de pleno derecho".
4 La diputada del BNG Ana Pontón aseguró finalmente que el traspaso de la gestión de la AP-9 es "el primer paso" para acabar con una "discriminación histórica" con Galicia que lastra la economía de sus ciudadanos, que cada día son víctimas de "una estafa legalizada". Pontón echó mano de la calculadora para explicar que un trabajado rque utilice la AP-9 todos los días tiene que hacer un desembolso de 293 euros mensuales, el 16% del salario medio de Galicia. Por el contrario, su viaje a Madrid tan sólo le había supuesto 13 euros en peajes en más de 600 kilómetros.
Por último, reprochó al Gobierno que no estuviera cumpliendo con el acuerdo de investidura suscrito con el BNG y que recogía una bajada "histórica" de los peajes de esa autopista, y lamentó que los "gobiernos de Madrid legislen de espaldas a Galicia".
Vox se queda solo en su rechazo a lo que llama "reinos de taifas"
Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, se mostraron ayer partidarios del traspaso. El diputado de esta formación, Francisco José Contreras, calificó de "reinos de taifas" el estado de las autonomías y consideró que todos los españoles tendrían que asumir este gasto. Ciudadanos, que hasta ahora se había abstenido en la tramitación de la ley, decidió dar finalmente su apoyo aunque advirtiendo que la transferencia no implicaba por sí sola ni la rebaja de peajes, ni el rescate de la concesión, ni la reducción del coste operativo de la infraestructura.
Tanto Galicia en Común como el BNG defendieron la gestión pública de la autopista y su circulación "libre de peajes", recordando además que, de cumplirse la concesión, ésta se alargaría hasta más allá de los 75 años. Para Néstor Rego, diputado del BNG, esta autopista supone "una fechoría, un expolio y una discrriminación", mientras que Antón Gómez-Reino, de Galicia en Común, aseguraba que las vías de peaje van a desaparecer porque "son una anomalía en el Estado".
Desde la bancada del PP, el ourensano Celso Delgado rechazaba enérgicamente los calificativos de "reinos de taifas" hacia el estado autonómico del diputado de Vox al tiempo que le pedía lealtad a la Constitución, respeto a las autonomías y mantener el principio de solidaridad entre las regiones. Delgado reclamó además la gratuidad inmediata del tramo Vigo-Redondela.
Desde el PSOE, Guillermo Meijón reivindicó la acción del Gobierno para permitir la rebaja de los peajes, y al mismo tiempo acusó al Gobierno popular de haber permitido la ampliación de la concesión hasta el año 2048. n
