El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite por unanimidad el recurso que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez contra la iniciativa del Parlament que pide declarar la independencia de Cataluña, lo que supone la suspensión cautelar de la medida.
Fuentes jurídicas confirmaron que el tribunal adoptó ayer esta decisión tras casi hora y media de intenso debate. Aunque la medida se acordó por unanimidad, hubo discrepancias sobre las razones para admitir el recurso.
El asunto llegó al tribunal de garantías después de que el Consejo de Ministros del pasado 26 de marzo acordara presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la Mesa de la cámara autonómica catalana admitió a trámite el pasado 2 de febrero.
Según precisó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior a aquel Consejo de Ministros, el Gobierno estimó pertinente impugnar la iniciativa porque ello paraliza “de manera inmediata” su tramitación, toda vez que la Constitución fija que cuando el Ejecutivo acude al TC y demanda la suspensión de una disposición, esta se congela, algo que no sucede con los recursos de los grupos parlamentarios. El TC informó la semana pasada de que el recurso del Ejecutivo central había sido añadido al orden del día del Pleno del Constitucional de esta semana. Ayer por la mañana los magistrados decidieron admitir a trámite la impugnación del Gobierno contra la propuesta que fue registrada por Solidaritat Catalana per la Independència y prosperó gracias a los tres votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de la representante de ERC y el voto en contra de los dos miembros del PSC en el órgano rector del Parlament.
Precedente
En sus deliberaciones, el TC habría tenido en cuenta el precedente de la inadmisión de un recurso del Gobierno de José María Aznar en 2004 contra la tramitación por parte de la mesa del parlamento vasco del plan Ibarretxe. El tribunal no entró a valorar el fondo de la cuestión, pero la doctrina aplicada ha sido otra, la que se fue definiendo durante los años del proceso, y que afecta a iniciativas o propuestas de resolución que tengan que ver con la autodeterminación.
Vox y Ciudadanos anunciaron que emprenderían acciones legales contra la Mesa del Parlament por haber admitido a trámite esta iniciativa, que contaba con un informe desfavorable sobre su admisibilidad del secretario de la comisión de control de la ILP.
