El suspenso en las cuentas de los partidos llega al Congreso

La presidente del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, presentará mañana en el Congreso el último informe de fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos, correspondiente al ejercicio 2020, en el que señaló infracciones en donaciones de Vox, situaba a Izquierda Unida en “números rojos” y denunció la falta de protocolos internos en los partidos para “prevenir la corrupción”, entre otras cuestiones.

El informe señala a Vox por haber aceptado más de 100.000 euros en aportaciones sin identificar al donante. También detectó infracciones sancionables en otros partidos. Así, apunta a En Comú (socio catalán de Sumar) y Sortu (miembro de Bildu), a quienes reprocha haber aceptado donaciones o aportaciones particulares sin identificar al donante, por importes de 279,04 y 936 euros, respectivamente; y al PDeCAT (formación liderada en su día por Artur Mas y ahora en vías de desaparición) se le señala por recibir donaciones finalistas, en su caso por valor de 9.100 euros.

Contratos y créditos

Formaciones como Barcelona En Comú y Ciudadanos incumplieron el artículo de la Ley de Financiación de Partidos que obliga a remitir los contratos que le exigía el Tribunal de Cuentas, lo que se considera infracción leve por faltas al deber de colaboración.

Además, aunque las 25 formaciones analizadas publicaron sus cuentas en su web, dos de ellas (Compromis y Más Madrid) no hicieron constar la información sobre créditos y donaciones superiores a 25.000 euros y cinco no colgaron el último informe del Tribunal de Cuentas, pese a estar obligadas.

Organización local

Igualmente, el PSOE, Izquierda Unida, Bildu y el PNV no integraron en sus cuentas la contabilidad de parte de la actividad de sus organizaciones locales. Además, IU, la CUP y Nueva Canarias tienen una nota negativa porque sus cuentas anuales presentaban demasiadas carencias y no reflejaban adecuadamente su situación financiera y patrimonial.

Principales financiadores

En términos generales, según recoge el informe de fiscalización, los partidos políticos ingresaron en 2020 un total de 245 millones de euros, de los cuales 179 millones de euros (73%) provinieron de la financiación pública y los restantes 66 millones de la financiación privada (27%).

De esa financiación pública, la principal fuente de ingresos fueron las aportaciones de los grupos parlamentarios y municipales institucionales (58%), seguidas de las subvenciones estatales (31%) para su funcionamiento ordinario y sus gastos de seguridad. Mientras que en lo referente a la financiación privada, la mayoría procede de las aportaciones de cargos públicos, que representaron el 44%, y de las cuotas de afiliación el 42%.

A pesar de esta financiación, ese mismo año, la deuda conjunta de las 25 formaciones parlamentarias analizada ascendía a 85,01 millones de euros, una cifra que representa el 20 por ciento de su balance.

La suma de las deudas del PP y del PSOE supera los 50 millones

La mayor parte de los 85 millones de deuda, según el informe, son los créditos con entidades de crédito, que al cierre de 2020 ascendían a 79,24 millones de euros. El resto, las deudas con prestamistas particulares, incluidos los microcréditos, ascendían a 5,77 millones de euros. Si se analiza por formaciones, en el año de la pandemia, las formaciones con mayores niveles de deuda eran el PSOE, (29,56 millones, un 23% de su balance), el Partido Popular (22,92 millones, un 27%), y destaca también el caso de Izquierda Unida, con 13,29 millones, cuya deuda supone un 78% de sus recursos.

De hecho, a 31 de diciembre de 2020 Izquierda Unida presentaba un patrimonio neto negativo. Según la formación, esos “números rojos” se cifraban en 146.377,51 euros, pero el Tribunal de Cuentas entiende que esa cuantía está infravalorada en 962.578,99 euros y que en realidad el patrimonio neto negativo de IU supera el millón de euros, concretamente 1.108.956,50 euros.

Sobre este punto de las formaciones políticas con saldo negativo, el fiscalizador aconseja que aquellas que repitan “números rojos” dos o más años “deberían ajustar sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial y elaborar un plan de saneamiento”, para evitar que, tras una pérdida de representación institucional, la elevada deuda financiera pueda llevar a un partido a la insolvencia y al concurso de acreedores.