El Supremo anula el ascenso de Dolores Delgado por "desviación de poder"

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar del TS, el cual supuso su ascenso a la máxima categoría del Ministerio Fiscal, al considerar que se produjo con "desviación de poder" por parte de su sucesor como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una decisión que deja en el aire su actual cargo como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

El alto tribunal ha estimado en parte el recurso presentado el pasado noviembre por el que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda, ordenando retrotraer las actuaciones "al momento inmediatamente anterior a la propuesta del fiscal general del Estado al Consejo de Ministros para la cobertura de la plaza" de fiscal de la Sala Togada del Supremo.

Aunque la sentencia, ponencia del magistrado Luis María Díez-Picazo, no lo dice expresamente, al ordenar rebobinar el proceso de nombramiento el TS anula el nombramiento de Delgado, si bien no están claro sus efectos prácticos, ya que posteriormente la otrora jefa del Ministerio Público fue designada para otro cargo de la máxima categoría: fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

Según fuentes del alto tribunal, la anulación del primer nombramiento supone también su ascenso a la máxima categoría y, por tanto, impacta también en su actual cargo. Sin embargo, otras fuentes jurídicas discrepan, apuntando que dado que esa segunda designación es igualmente de fiscal de sala --rango que equivale a la máxima categoría-- sus actuales responsabilidades quedan indemnes.

En la misma línea, fuentes fiscales aseguran que esta sentencia no afecta para nada a su puesto como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. No obstante, cabe recordar que este segundo nombramiento también está recurrido en el alto tribunal.

Garantizar la promoción de Delgado

Rueda impugnó el Real Decreto publicado el 4 de octubre de 2022 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el que se concedió a Delgado la plaza de fiscal jefe de la Sala Togada.

Delgado ascendió a la máxima categoría del Ministerio Fiscal días antes, el 22 de septiembre de ese año, por decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya que la mayoría del Consejo Fiscal apoyó precisamente a Rueda, fiscal especialista en lo militar.

Rueda se hizo con los seis votos de la Asociación de Fiscales (AF) mientras que Delgado obtuvo el respaldo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de los vocales natos --la teniente fiscal del Supremo y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente--.

Ahora, la sentencia considera acreditado que la finalidad buscada por el FGE fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor.

Ello se aparta de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito, señala.

La resolución acuerda retrotraer las actuaciones al momento anterior al de elevar al Consejo de Ministros la propuesta del FGE, a fin de que se realice otra nueva, teniendo en cuenta cuanto queda dicho sobre la finalidad de la potestad de resolver convocatorias para plazas en el Ministerio Fiscal.

No puede "reescribir las reglas"

Para el tribunal "la desviación de poder es visible e innegable en el presente caso" dada la finalidad declarada de García Ortiz de "reparar lo que él reputaba una laguna en la ley: que quien sin tener la más alta categoría en la carrera fiscal es nombrado fiscal general del Estado no sea automáticamente promovido, al cesar en el cargo, a la categoría de fiscal de Sala".

Señala que con ese nombramiento, García Ortiz trataba de lograr este objetivo que, señalan que en propias palabras de García Ortiz, era "una prioridad". La Sala añade que no cabe subestimar toda la secuencia: iniciativa de convocatoria de la plaza por la propia codemandada --Delgado-- cuando aún era FGE, dimisión poco después de dicho cargo por razones de salud, convocatoria de la plaza y presentación de solicitud por Delgado, propuesta a favor de ella por quien fue su "estrecho colaborador" y en ese momento ya su sucesor.

Lamenta el tribunal que todo esto ocurriera, "por si fuera poco, de manera rápida y prácticamente sin solución de continuidad". Y recuerda que la definición canónica de desviación de poder contempla "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico".

Así, en el caso de Delgado, la Sala recuerda a García Ortiz que la potestad del FGE consistente en hacer la propuesta de resolución de convocatorias de plazas de la primera categoría "no tiene por finalidad reescribir las reglas de promoción en la Carrera Fiscal, ajustándolas a sus personales preferencias".