Sánchez elimina la sedición y descoloca a la oposición, jueces y barones del PSOE

La proposición de ley del grupo socialista y Unidas Podemos presentada ayer en el Congreso rebaja de 15 a cinco años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparece y pasa a denominarse “desórdenes públicos agravados”, con un máximo de ocho años de inhabilitación. En rueda de prensa en el Congreso antes de registrar la iniciativa, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, recalcó que la reforma persigue modificar un delito de sedición que tenía 200 años y prefirió hablar de “europeizar” en vez de suprimir su contenido.

Según sus palabras, es una reforma “de sentido común” que “ayudará” a los jueces, entre quienes se abrió “un enorme debate jurídico” sobre los tipos que había que aplicar a los líderes independentistas catalanes, y con la que se mejorará la cooperación judicial internacional ya que con un delito homologable al de otros países europeos “no volverá a haber santuarios” para quienes atenten contra el orden público. Hizo así alusión a las fallidas órdenes de extradición emitidas por la Justicia española para poder juzgar a los dirigentes independentistas huidos. Y ha dejado claro que si el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont regresa a España “será juzgado”.

Según la propuesta de reforma del Código Penal anunciada por López, cometerán un delito de desórdenes públicos agravado, con pena de tres a cinco años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público, quienes con violencia e intimidación o en el seno de una multitud alteren el orden público e impidan la aplicación de leyes o resoluciones judiciales. Si el delito lo cometen autoridades, la pena de inhabilitación absoluta alcanzará los ocho años.

Patxi López insistió en el objetivo de corregir tipos penales que son “inexistentes en la mayoría de los países de la Unión Europea así como penas desproporcionadas en relación a las que se aplican en los países vecinos y que generan disfunciones a la hora de cooperar judicialmente”. Se aprovecha también la proposición de ley para trasponer directivas comunitarias y realizar otras reformas, resolver “déficits y lagunas” que existen en el Código Penal en el área de los delitos económicos y el uso de herramientas informáticas, la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago, el abuso de mercado o las atribuciones de las autoridades de la competencia.

Dos de los principales barones del PSOE, los presidentes de Aragón, Javier Lambán, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, rechazaron la reforma del delito de sedición, que también suscitó algún reproche en el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, aunque de modo más tibio, al manifestar: “No me gusta nada de lo que le guste al independentismo”. Lambán dijo que el desafío independentista de octubre de 2017 en Cataluña fue “gravísimo” porque pretendía alterar el orden constitucional y además el Supremo “calibró perfectamente” lo ocurrido al condenar a los líderes del procés, mientras García-Page manifestó que “en plena escalada de precios, lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución”.

Feijóo tumbará la reforma cuando llegue a Moncloa

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, garantizó que “revertirá” la reforma del Código Penal anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y registrada por el PSOE y Unidas Podemos, y recuperará el delito de sedición cuando llegue al Palacio de la Moncloa. En una declaración sin preguntas en la sede del PP, Feijóo alertó de que Sánchez ha superado todos los límites y que su “único proyecto” es “ganar tiempo” y, por ello, emplazó a los socialistas a que se enfrenten a esta “aberración” como un “deber moral”.

Mostró su convencimiento de que los independentistas han pedido derogar el delito de sedición para “facilitar un nuevo intento” en su búsqueda de la independencia. Hizo hincapié en la debilidad política del presidente a la hora de atender estas demandas y reivindicó para su partido el espacio del centro y la moderación en un momento en que Sánchez “está más cerca de ERC que de la Constitución” y también más cerca “de quienes se saltan la ley que de aquellos que la defendemos”.

Ante estos hechos, su propósito, en caso de ser elegido presidente del Gobierno, es “defender de todas las formas que estén a nuestro alcance que la decisión adoptada ayer sea revertida cuanto antes”. Así que se comprometió a hacerlo “porque ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución”, dijo emulando las críticas a la medida que ayer mismo pronunció el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

A él y al resto de los socialistas que “coinciden” en que la reforma es una “aberración” les emplazó a tomar la palabra y a “actuar en consecuencia” porque tienen el “deber moral” de evitar que esta medida “no salga adelante”.