Sánchez concede a Bildu la reforma de la ley mordaza

Bildu ha pactado con el Gobierno de coalición reformar la Ley de Seguridad Ciudadanapara acabar con el uso de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, acabar con la “discrecionalidad” en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y también presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin a la conocidas como “devoluciones en caliente” de migrantes en frontera.

Lo anunciaron ayer en rueda de prensa la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el diputado Jon Iñarritu.

El nuevo texto legislativo, indicaron, “recoge todos los acuerdos y avances logrados” entre PSOE, PNV y Unidas Podemos en la anterior legislatura, pero que no contaron con el apoyo de Bildu y ERC porque los consideraban insuficientes.

La reforma contempla rebajar multas por tenencia de drogas y dejar sin sanción las manifestaciones que perturben de forma grave al Congreso, Senado o asambleas autonómicas.

Rebaja multas

Según el resumen de los acuerdos, la conocida como ley mordaza pasará a llamarse Ley Orgánica de Protección de las Libertades y la Seguridad Ciudadana. Rebaja las multas por tenencia de cannabis y otras sustancias de grave a leve, por lo que la sanción por tenencia pasa de 601 a 30.000 euros a la horquilla de 100 a 500 euros.

Modifica igualmente el precepto sobre consumo de sustancias en locales abiertos al público, eliminando la referencia, dirigida a sus propietarios, sobre “tolerancia” al consumo o la “falta de diligencia para impedirlo”.

Otro de los artículos suprimidos es el que hace referencia a la advertencia legal y posible sanción por desobediencia de las o los trabajadores sexuales que ejerzan en la vía pública, aunque “no así a los demandantes de servicios sexuales en la vía pública”. Además, se elimina como infracción el exhibicionismo, “por lo que la práctica del nudismo queda más protegida”.

El texto retoma el acuerdo para suprimir la sanción grave por perturbación grave en reuniones o manifestaciones frente al Congreso, Senado o asambleas legislativas autonómicas.

En este sentido, se incide en que en ningún caso la ausencia de comunicación previa puede impedir el ejercicio del derecho a la manifestación.

La ley contemplará que sea de un máximo de dos horas el tiempo de identificación de una persona, “salvo causa excepcional hasta seis horas”. La identificación en comisaría, además, debe ser “excepcional y una vez concluida la persona identificada será devuelta al lugar desde el que fue conducida a comisaría”.

Perfiles

La identificación de personas que lleven a cabo las Fuerzas de Seguridad se hará basándose en una “sospecha razonable”, es decir, “se impiden así las identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos”. Por su parte, según los acuerdos anteriores, los policías deberían estar identificados debidamente ante los ciudadanos, siendo lo contrario causa de infracción disciplinaria. Sobre los agentes, además, “se modifica el criterio casi absoluto de veracidad” de sus testimonios a la hora de imponer multas, exigiendo en adelante “lógica, coherencia y razonabilidad de la declaración o denuncia que conste en el acta o atestado”.

Grabaciones

El acuerdo contempla que no sea sancionable la mera toma o difusión de imágenes de la actuación de los agentes, uno de los aspectos más criticados por sindicatos policiales. En caso de que el uso o difusión de las mismas afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias, se debe motivar la incoación de un procedimiento sancionador.