El independentismo trata de burlar al Tribunal de Cuentas

El Govern abrió un nuevo frente político al crear un fondo de 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas pide fianzas millonarias por promocionar el golpe independentista del 1-O, mecanismo que el Gobierno avisó que “revisará”, y que PP, Cs y Vox recurrirán. Los servicios jurídicos de la administración catalana estudiaban desde hace días cómo auxiliar a los 34 ex altos cargos de la Generalitat a quienes el mencionado tribunal administrativo reclama que liquiden antes del 21 de julio fianzas por un valor total de 5,4 millones, mientras sigue la investigación que pretende discernir si malversaron dinero público para promover el procés en el extranjero.

La respuesta llegó ayer con la creación, mediante decreto ley, del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña, que tendrá una dotación inicial de 10 millones de euros. El encargado de explicar cómo funcionará este mecanismo ha sido el conseller de Economía, Jaume Giró, que defendió la “solidez jurídica” del mismo y descartó que el ejecutivo catalán pueda incurrir en un delito de malversación porque “no es un aval directo” y no habrá “desplazamiento de patrimonio”.

La mecánica, detalló, se asemejará a la de un seguro privado: será una entidad financiera -aún por concretar, ya que, según aseguró, el Govern está conversando con varias- quien avale las mencionadas fianzas, con un contraaval de la Generalitat, que se canalizará a través del Instituto Catalán de Finanzas, que actuará como gestor provisional hasta que cree un órgano específico para acometer este fin. Giró subrayó que el dinero no se transferirá hasta que haya una sentencia firme que lo exija y se hayan agotado todas las vías de recurso “nacionales e internacionales”; llegado ese punto, “el beneficiario deberá devolver el dinero, los intereses y las costas a la administración”.