La Fiscalía pide al juez que ordene detener a Puigdemont

La Fiscalía ha solicitado al instructor del procés, Pablo Llarena, que reactive las euroórdenes contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y su ex consejero Toni Comín para que sean entregados a España desde Bélgica, donde se encuentran, para poder continuar el procedimiento penal en su contra por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Los fiscales dan este paso después de que el Tribunal General de la UE levantara el 5 de julio la inmunidad de la que gozaban cautelarmente ambos eurodiputados, dando vía libre así al Tribunal Supremo para reactivar las euroórdenes.

En un escrito, explican que, aunque el fallo del TGUE se puede recurrir, y las defensas ya han avanzado que lo harán, esta situación no genera “efecto suspensivo” alguno. Así, “teniendo en cuenta su situación personal -huidos de la justicia y en rebeldía- resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados”

Las órdenes de entrega y detención europeas estaban vigentes hasta el pasado enero, cuando Llarena las dejó sin efecto tras revisar el procesamiento a la luz de la reforma penal que eliminó la sedición y modificó la malversación. En los casos de Puigdemont y Comín, sustituyó la sedición por desobediencia -un delito sin cárcel- y mantuvo la malversación agravada que, conforme recuerdan los fiscales ahora, conlleva pena de prisión de entre los 6 y los 12 años, “dada la elevada cuantía de los fondos malversados”.

Por otra parte, la eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí quedó ayer en libertad horas después de que los Mossos la hubieran detenido para que un juez de guardia de Barcelona le notificara que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena la ha procesado por desobediencia por el 1-O.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a la exconsellera del Govern de Carles Puigdemont -después de que ella misma anunciara a primera hora del día en redes sociales su presencia en Barcelona-, a raíz de la orden emitida por el juez del Supremo Pablo Llarena para poder notificarle su procesamiento por desobediencia en la causa del procés.

Fue trasladada a los juzgados de Barcelona y el propio juez Llarena acordó, en un auto, que el juzgado de guardia practicara la declaración indagatoria, trámite indispensable para poder proseguir con la causa judicial, y que posteriormente la detención quedara sin efecto y fuese puesta en libertad. “No he contestado a ninguna pregunta”, señaló después Ponsatí.