La cesión de los impuestos a Cataluña levanta las críticas de las autonomías

El Gobierno central mostró su “satisfacción” por el preacuerdo entre ERC y PSC que supondría que Cataluña salga del régimen común y recaude el cien por cien de los impuestos. La ministra portavoz, Pilar Alegría, sostuvo que es “el triunfo de la política y del diálogo”. No ofreció detalles y pidió respetar los procesos internos de los partidos. La Ejecutiva Federal del PSOE se pronunció también ayer. Respaldó el preacuerdo firmado en la víspera por el PSC con ERC que facilitará la investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente catalán. El PSOE prometió impulsar los acuerdos alcanzados “en aquellos puntos donde su materialización dependa de las instituciones de carácter estatal en las que este partido tiene representación”.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró que “no va a haber ninguna fractura de lo que es la solidaridad entre los territorios. Al contrario, avanzamos ante un Estado de las autonomías, en el que cree el Gobierno y vamos a defender”.

Pero el cierre de filas de la cúpula socialista mostró también fisuras. Los barones territoriales de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, respectivamente, criticaron públicamente el pacto, mientras que varias federaciones autonómicas del PSOE guardaron silencio.

Emiliano García-Page lanzó un mensaje a través de la red social X, confesándose “perplejo” de que, tras este acuerdo, haya un “silencio atronador” por parte del PSOE ante lo que considera un “grave atentado a la igualdad”. “O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles”, añade.

En parecidos términos se expresó el expresidente de Aragón y líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, que tachó de “inadmisible” el acuerdo porque, a su juicio, va a suponer “una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles”. “El independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa”, alertó.

Sobre este preacuerdo también se han ido pronunciando otras ‘baronías’ autonómicas del PSOE, aunque han optado por la cautela y la prudencia hasta conocer más detalles y la versión socialista de este preacuerdo.

Los cambios en la financiación se fijarían en 2025 en una negociación Sánchez-Illa

Todo el edificio de la financiación pactada por ERC y el PSC se fía a una negociación entre Illa, en su papel de presidente catalán, y el presidente español, Pedro Sánchez, en el 2025, cuando tendrán que concretar un calendario e impulsar las modificaciones legales necesarias para que salga adelante.

El texto del acuerdo, hecho público ayer, fija los principios del nuevo modelo de financiación de la Generalitat basado “en la negociación bilateral con el Estado”.

Destaca que la aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña y la aportación a la solidaridad: la primera se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos, y la segunda deberá ser “explícita y se debe reflejar de forma transparente”.

Para implementar la nueva financiación, el preacuerdo concreta que será necesario formalizar este pacto durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat. Concreta que deberán hacerse modificaciones en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (CCMA) y en la Ley de cesión de tributos a Cataluña, y que la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos corresponderá a la Agència Tributària de Cataluña (ATC).

El primer tributo en que se avanzará en la aplicación del nuevo modelo de financiación será el IRPF, para asegurar su ejecución en el transcurso de 2026.

Además, se trabajará para dar pasos en la atribución de la recaudación del IVA de las pymes según su domicilio en vez de la estadística de consumo, y un análisis para extender este mecanismo a otros tributos.

Sobre el IVA de los alquileres turísticos, han acordado que, cuando se apruebe la directiva europea, la ley del IVA establezca un sistema para que Cataluña pueda decidir sobre su aplicación.